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Santo Domingo. – El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) emitió un informe preliminar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, destacando la importancia de que esta normativa mantenga un enfoque corregulador y multiactor, que permita la participación activa del Estado, las plataformas digitales, los medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido en el proceso regulatorio.
CAESCO valoró como positivo que se exija a las plataformas digitales mayor transparencia sobre el comportamiento de sus algoritmos, especialmente los utilizados para moderar y recomendar contenido, debido a su impacto directo en los márgenes de libertad de expresión en los entornos digitales. A juicio de la entidad, estas herramientas definen qué contenido es visible para los usuarios y en qué momento, desde una jerarquización que a menudo se mueve en una zona de ambigüedad.
El informe también subraya la importancia de incorporar de manera clara el tratamiento de la Inteligencia Artificial, no solo por su influencia en los algoritmos, sino por su capacidad para generar contenidos maliciosos que pueden afectar la seguridad, la salud pública o los procesos electorales.
Miguel Otáñez, presidente de CAESCO, señaló que el anteproyecto omite de forma explícita la alfabetización mediática y digital, herramientas fundamentales para que la ciudadanía participe en la corregulación de los entornos digitales. Otáñez indicó que el debido proceso debe ser accesible a todos los actores, y que la formación en estas áreas es esencial para ejercer las libertades en contextos tecnológicos cada vez más complejos.
Asimismo, Otáñez alertó sobre los desafíos que implicará la implementación de la ley, al destacar que el verdadero reto será lograr su aplicabilidad mediante códigos de conducta, procedimientos y reglamentos eficaces que eviten caer en sobrerregulación o en la ineficacia normativa.
El análisis de CAESCO reconoce que el anteproyecto preserva garantías importantes como el acceso universal a internet, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, el derecho al acceso a las fuentes, la protección a la seguridad de los periodistas, la prohibición de la censura previa y la promoción de la pluralidad informativa y la neutralidad tecnológica.
No obstante, la entidad advirtió que deben evitarse ambigüedades que confundan los límites entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, recordando que una ley de este tipo siempre estará condicionada por la acelerada evolución tecnológica.
