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Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez toman acciones legales contra cuatro comunicadores por campañas de desinformación y ataques personales.
REDACCIÓN PORTADA NACIONAL. – En un hecho sin precedentes que marca un hito en la defensa de la dignidad profesional en el país, los reconocidos periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la comunicadora y productora de televisión Mariasela Álvarez interpusieron este viernes querellas penales por difamación e injuriaante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Las acciones legales están dirigidas contra los ciudadanos Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, todos vinculados al ejercicio de la comunicación en redes sociales y medios digitales.
Un equipo legal en defensa de la verdad y la integridad
Las querellas fueron presentadas por un equipo de abogados integrado por Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez, quienes, en una declaración pública, explicaron que las denuncias responden a una reiterada campaña de ataques personales sin base fáctica, en los que los querellados atribuyen falsamente a los comunicadores el cobro de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros señalamientos infundados.
«Las expresiones de los querellados han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», expresaron los abogados.
No es censura, es defensa de principios democráticos
En el documento legal y su comunicado de respaldo, los representantes legales enfatizaron que las querellas no buscan limitar la crítica o restringir el debate público, sino establecer un precedente claro frente al uso irresponsable de plataformas digitales como armas de difamación.
«No puede confundirse la libertad con la impunidad», puntualiza el texto, reafirmando el compromiso de los periodistas con el Estado de derecho, la convivencia democrática y el uso responsable de las libertades públicas.
Las acciones judiciales se producen en medio de un contexto donde se ha intensificado el uso de redes sociales para emitir juicios sin pruebas, promoviendo desinformación y afectando la imagen de comunicadores con una trayectoria ampliamente reconocida en el país.
Rectificación pública: Johnny Arrendel pide disculpas
En medio del proceso, uno de los señalados, Johnny Arrendel, emitió recientemente una disculpa pública a los periodistas tras haberlos acusado de forma incorrecta de recibir fondos de la USAID, lo cual fue categóricamente negado por los afectados. La rectificación, aunque valorada, no detiene el curso de las acciones legales interpuestas por los demás señalamientos.
Asimismo, el veterano periodista Huchi Lora ha respaldado a sus colegas y ha señalado directamente a «directivos del PLD» como responsables de una campaña coordinada de desinformación, lo que añade un matiz político a la controversia que podría escalar en el debate público.
Un llamado a la ética en el periodismo y la opinión pública
Las querellas constituyen una advertencia clara sobre los límites éticos y legales que deben respetarse en el ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en un entorno digital donde las noticias falsas y los ataques personales pueden propagarse sin control.
Los firmantes concluyeron su pronunciamiento con un llamado a la convivencia democrática, el respeto mutuo y la necesidad de un espacio público donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios ni difamaciones.
