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Un grupo de 195 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos arribó recientemente a Venezuela en un vuelo procedente de Honduras, según informó el Ministerio de Interior y Justicia del gobierno de Nicolás Maduro. Del total de pasajeros, 168 eran hombres y 27 mujeres. Las autoridades indicaron que todos serán sometidos al protocolo de ingreso establecido antes de reincorporarse a la vida cotidiana en el país.
Esta operación forma parte de los vuelos de repatriación promovidos por el régimen, bajo el argumento de aplicar políticas de protección a los venezolanos en el exterior. Según cifras oficiales, ya suman 4.621 los ciudadanos retornados desde que se activó un acuerdo entre Caracas y Washington a inicios de 2024, pese a la falta de relaciones diplomáticas desde 2019.
El regreso de estos migrantes se produce pocos días después de que otro grupo de 226 venezolanos fuera deportado desde Texas, entre los cuales se encontraba una niña de dos años que había sido separada de su madre tras el ingreso ilegal de ambos a territorio estadounidense en abril. El caso de la menor, identificada por sus iniciales M.E.B., fue utilizado ampliamente por el régimen como símbolo de una supuesta campaña de “secuestro infantil” atribuida a Estados Unidos.
La niña fue recibida por la primera dama Cilia Flores y el ministro Diosdado Cabello en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Posteriormente, fue trasladada al Palacio de Miraflores, donde se reencontró con su madre, Yorely Bernal, y su abuela Raida Inciarte. El presidente Nicolás Maduro aprovechó el momento para convertir la llegada de la menor en una puesta en escena mediática, calificando el hecho como un “rescate” y agradeciendo al expresidente Donald Trump y a su enviado especial, Richard Grenell, por facilitar el regreso.
Sin embargo, organismos internacionales y medios independientes cuestionaron la utilización política del caso. La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela en Ginebra expresó su preocupación por la manipulación de este tipo de situaciones, en un contexto donde continúan denunciándose desapariciones forzadas y falta de protección judicial efectiva en el país sudamericano.
La llegada de la niña generó una intensa cobertura en medios estatales y fue utilizada por altos funcionarios para reforzar el discurso contra Estados Unidos, a pesar de que su deportación formó parte de los vuelos acordados entre ambos gobiernos. Diversos analistas consideran que la narrativa oficial intentó aprovechar el caso para distraer la atención de la crisis social y económica interna, así como de las denuncias por violaciones de derechos humanos.
