|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
El gobierno del expresidente Donald Trump ha revocado la certificación que permitía a la Universidad de Harvard inscribir estudiantes internacionales, una medida sin precedentes que afecta directamente a miles de alumnos y que agrava las tensiones entre la administración federal y una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo.
La decisión fue comunicada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a través de una carta enviada a la universidad. En el documento, se informa que, con efecto inmediato, se retira la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), lo que impide a Harvard patrocinar nuevas visas de estudiante y obliga a los actuales alumnos internacionales a transferirse o enfrentar la pérdida de su estatus legal.
Esta acción se produce en medio de un conflicto creciente entre Harvard y el gobierno federal, motivado por acusaciones sobre presunta permisividad frente al antisemitismo en el campus, la supuesta exclusión de discursos considerados alternativos y la implementación de políticas de diversidad racial y de género. Según el Departamento de Seguridad Nacional, Harvard habría creado un entorno inseguro para estudiantes judíos y, sin ofrecer pruebas, también fue acusada de colaborar con el Partido Comunista Chino.
Actualmente, la universidad alberga a unos 6.800 estudiantes internacionales, lo que equivale al 27% del total del alumnado, con representación de más de 100 países, en su mayoría en programas de posgrado. Esta población estudiantil representa una fuente significativa de ingresos para la institución, ya que la matrícula anual y los costos de vida pueden superar los 87.000 dólares, cifras que los estudiantes extranjeros suelen cubrir en mayor proporción.
Harvard, que ya había demandado al gobierno el mes pasado por intentos de interferencia en su currículo y políticas de contratación, podría emprender nuevas acciones legales ante esta medida. En tanto, la decisión ha generado preocupación en el ámbito académico por su posible efecto dominó sobre otras universidades que mantienen programas similares.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional se argumentó que “matricular estudiantes extranjeros no es un derecho, sino un privilegio”, y que la decisión busca enviar un mensaje a todas las instituciones académicas del país sobre la necesidad de cumplir con las normas federales.
La medida ha sido confirmada por múltiples agencias noticiosas internacionales, incluyendo AFP, AP, EFE y Reuters, y se espera que provoque un intenso debate legal, político y académico en las próximas semanas.
