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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 4 de junio de 2025 una orden ejecutiva que impone un veto migratorio a ciudadanos de 12 países, incluyendo Haití. Esta medida, que entrará en vigor el lunes 9 de junio, prohíbe completamente la entrada de nacionales de Afganistán, Birmania (Myanmar), República del Congo, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, entre otros.
La administración Trump justifica esta acción alegando que estos países no garantizan controles de seguridad efectivos en los procesos migratorios, representando así una amenaza para la seguridad nacional. Además, se han impuesto restricciones parciales a otros siete países, como Cuba, Venezuela y Sierra Leona, limitando ciertos tipos de visas y endureciendo los requisitos de entrada.
En el caso específico de Haití, la situación es aún más compleja. Además del veto migratorio, el gobierno de Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 520,000 haitianos, una medida que les permitía residir y trabajar legalmente en EE.UU. debido a las condiciones humanitarias en su país de origen. Esta revocación entrará en vigor el 3 de agosto de 2025, dejando a estos migrantes en situación de vulnerabilidad y expuestos a la deportación
Estas decisiones han generado preocupación en la comunidad internacional y entre organizaciones de derechos humanos, que argumentan que tales medidas podrían tener consecuencias humanitarias significativas y afectar negativamente las relaciones diplomáticas con los países involucrados.
