|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Washington, D.C. – El Gobierno de Estados Unidos anunció la implementación de una nueva regulación federal que permite imponer sanciones económicas de manera más rápida a personas indocumentadas que han incumplido órdenes de salida voluntaria o deportación. La normativa, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), elimina el requisito previo de una notificación de 30 días y permite que las multas sean enviadas por correo, sin necesidad de contacto directo con el afectado.
La medida busca agilizar los procedimientos administrativos y reducir el volumen de casos acumulados en el sistema judicial migratorio. Las sanciones se fundamentan en una disposición legal de 1996 y habían estado suspendidas desde 2021. En su versión actualizada de 2025, el reglamento permite imponer multas de hasta 998 dólares por día de incumplimiento, con aplicación retroactiva de hasta cinco años, lo que puede derivar en sanciones superiores a un millón de dólares por persona.
Hasta el 13 de junio de 2025, las autoridades han emitido más de 10,000 notificaciones de sanción, dirigidas a personas con órdenes de deportación activas. El DHS estima que hay alrededor de 1.4 millones de individuos en esta situación en todo el país.
El nuevo sistema también incorpora herramientas tecnológicas como la aplicación CBP Home, que permite a los migrantes gestionar su salida voluntaria. Quienes utilicen esta plataforma pueden acceder a incentivos como la cancelación total de la multa, un pasaje gratuito al país de origen y un estipendio de 1,000 dólares para cubrir gastos iniciales tras el retorno.
A pesar del endurecimiento de las medidas, el derecho a apelar las sanciones permanece vigente, aunque con plazos reducidos. El proceso se rige por el Código de Regulaciones Federales y exige evidencia documentada del incumplimiento para validar las sanciones impuestas.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes han expresado preocupación por el impacto económico y emocional que estas multas pueden generar en las comunidades afectadas. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que se trata de una estrategia necesaria para reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias sin recurrir exclusivamente a detenciones o deportaciones forzadas.
