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Washington, D.C. – El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes la suspensión inmediata de financiamiento federal a organizaciones no gubernamentales que, según él, han estado implicadas en disturbios y protestas, sin esperar el resultado legislativo de una propuesta en discusión en el Congreso.
“La ley del congresista Kevin Kiley ‘No a los impuestos para disturbios’ debe aprobarse de inmediato. Por la presente, instruyo a mi Administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados, independientemente de dicha legislación”, afirmó Trump a través de su red Truth Social.
La decisión surge en el contexto de las recientes protestas en Los Ángeles contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en las que el congresista Kiley ha vinculado a la organización CHIRLA, señalando que recibió 34 millones de dólares en fondos estatales y habría facilitado información sobre operativos migratorios. Un portavoz de la organización negó toda participación en estos hechos.
El proyecto legislativo propuesto por Kiley busca impedir que organizaciones señaladas de incitar disturbios ilegales reciban fondos públicos o gocen de exenciones tributarias. También plantea endurecer las sanciones por agresión a agentes federales y por obstaculizar labores de inmigración.
Esta nueva instrucción presidencial llega tras un fallo de la Corte Suprema que limita la capacidad de los jueces federales para suspender decisiones del Ejecutivo a nivel nacional. Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal concluyó que estas suspensiones generales exceden la autoridad conferida por el Congreso. El dictamen no se pronunció directamente sobre la constitucionalidad de un decreto presidencial previo de Trump, que intenta suprimir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular.
Trump celebró ambas decisiones como avances estratégicos para su agenda migratoria y de seguridad. “Gracias a esta decisión, ahora podemos solicitar con prontitud la aprobación de muchas políticas que han sido indebidamente prohibidas”, afirmó ante la prensa.
El fallo del alto tribunal, así como la orden de suspensión de fondos, genera nuevas tensiones sobre el equilibrio entre el poder judicial y ejecutivo, y abre un nuevo capítulo en el debate sobre los derechos de los inmigrantes y el rol de las organizaciones civiles en los Estados Unidos.
