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Santo Domingo, R.D. – El Ministerio Público presentó este miércoles ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional el expediente acusatorio contra una presunta red de corrupción conformada por militares activos, generales retirados y empresarios, todos implicados en la Operación Lobo, que investiga el pago de sobornos para obtener contratos de servicios de seguridad en instituciones del Estado.
La acción judicial es el resultado de una extensa operación encabezada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Persecución, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales.
15 detenidos: altos mandos militares y civiles implicados
Durante 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y Santiago, las autoridades arrestaron a 15 personas, incluyendo un mayor general retirado, varios coroneles activos y retirados, un teniente, un empresario y un coronel policial.
Los arrestados son:
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, mayor general retirado – Ejército
- Andrés Pacheco Varela, coronel – Ejército
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, coronel – Ejército
- Francisco Guarín Fernández Vásquez, coronel – Ejército
- Elías Camaño Pérez, coronel – Ejército
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, coronel – Fuerza Aérea
- Wellington Peralta Santos, primer teniente – Ejército
- Ramón Quezada Ortiz, coronel – Policía Nacional
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, empresario
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, arrestado en Santiago
Instituciones afectadas por la red de corrupción
Según las investigaciones, esta estructura habría obtenido contratos millonarios de servicios de seguridad privada, mediante maniobras irregulares y sobornos, en diversas entidades públicas:
- Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
- Seguro Nacional de Salud (Senasa)
- EdeNorte, EdeEste y EdeSur – Empresas distribuidoras de electricidad
Origen del caso: denuncia de Ética Gubernamental
La Pepca indicó que las investigaciones comenzaron a raíz de una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, liderada por Milagros Ortiz Bosch, lo que permitió iniciar el seguimiento legal a esta supuesta estructura delictiva.
En desarrollo: medidas de coerción y posibles nuevos implicados
Actualmente, el Ministerio Público está en proceso de solicitar medidas de coerción contra los imputados, mientras continúa con el análisis de pruebas documentales, registros financieros e interceptaciones telefónicas.
Las autoridades anticipan que podrían surgir nuevos implicados y que los cargos formales incluirán asociación de malhechores, corrupción administrativa y lavado de activos.
Portada Nacional continuará dando seguimiento al caso Operación Lobo, que pone en evidencia los vínculos entre sectores militares, empresariales y contratos estatales obtenidos de manera fraudulenta.