|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Managua. – Al menos catorce personas acusadas de disidencia política se encuentran actualmente en condición de desaparición forzada en Nicaragua, según han denunciado sus familiares y organismos de derechos humanos que monitorean la situación carcelaria del país.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas publicó un informe con cierre en junio de 2025 en el que documenta 15 detenciones arbitrarias. De esas, catorce permanecen sin información oficial sobre su paradero, estado de salud, situación legal o condiciones de detención. El único caso con novedades posteriores al informe corresponde a un detenido que fue finalmente presentado ante la justicia.
Los motivos de las capturas son diversos, pero en muchos casos resultan alarmantes. Una empresaria fue arrestada por elogiar en redes sociales a un obispo exiliado. Un político fue detenido tras proponer un diálogo con el Gobierno. Incluso un exasesor del propio Daniel Ortega fue apresado por cuestionar la falta de protección estatal a pueblos indígenas frente a invasiones de tierras.
Las detenciones, según denuncian familiares y defensores, suelen realizarse de noche, con incomunicación total y sin confirmación de parte del Estado sobre el paradero del detenido. Las autoridades niegan tenerlos bajo custodia, mientras sus nombres no figuran en registros judiciales. Esta práctica, calificada por organismos internacionales como crimen de lesa humanidad, responde a una estrategia sistemática de represión y amedrentamiento.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que en Nicaragua las desapariciones forzadas se han intensificado desde 2021, empleadas como método para castigar la crítica al régimen de Ortega y Murillo e impedir el acceso a justicia.
Uno de los casos más prolongados es el del exdiputado indígena Brooklyn Rivera, detenido en septiembre de 2023 y cuya ubicación sigue siendo desconocida tras más de 650 días. Sus familiares temen lo peor ante la falta de respuesta oficial.
El informe resalta que el número real de desaparecidos podría ser superior, ya que muchos familiares optan por no denunciar por temor a represalias o por la esperanza de evitar castigos adicionales a sus seres queridos.
Entre los desaparecidos documentados se encuentran exmilitares, activistas, periodistas, empresarios, abogados, líderes religiosos y figuras políticas de diferentes regiones del país. Algunos fueron objeto de medidas cautelares por parte de la CIDH, que no han sido acatadas por el Estado nicaragüense.
La situación ha sido calificada como una grave violación a los derechos humanos y un reflejo del deterioro del Estado de derecho en Nicaragua. Organismos internacionales reiteran su llamado a la comunidad internacional a ejercer presión diplomática y exigir al Gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de los detenidos, así como garantías de acceso a la justicia y el cese de las represiones.
