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Sexto Juzgado de Instrucción impone coerción por querella presentada por la ministra de Interior y Policía
Santo Domingo, República Dominicana – Martes, 29 de julio de 2025. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso este martes una medida de coerción contra Ingrid Jorge, conocida en redes como “La Torita”, consistente en el pago de una garantía económica de RD$200,000, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país.
La decisión fue adoptada tras conocer la solicitud del Ministerio Público dentro del marco de la querella por difamación e injuria presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
El caso: acusación por difamación a figura pública
La acción penal se originó a raíz de publicaciones realizadas por Jorge en redes sociales, las cuales, según la parte querellante, atentan contra el honor y la integridad moral de la funcionaria.
Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que se trata de expresiones difamatorias repetidas y que, por la condición de figura pública de la víctima, el impacto fue agravado.
La magistrada acogió parcialmente la solicitud del órgano acusador, estableciendo medidas no privativas de libertad.
Reacciones tras la audiencia
Al concluir la audiencia, la ministra Faride Raful salió del tribunal sin ofrecer declaraciones a la prensa. En su lugar, su abogado, Miguel Valerio, expresó satisfacción moderada con la decisión:
“Consideramos que el tribunal actuó conforme a derecho. Lo importante es que se envía un mensaje claro sobre los límites entre libertad de expresión y difamación”.
Un proceso con múltiples imputados
La medida contra Ingrid Jorge forma parte de un proceso penal más amplio, en el que también se conoció la coerción contra el comunicador Ángel Martínez, igualmente acusado de difamar a la ministra en el mismo contexto. Martínez fue favorecido con presentación periódica y una garantía de RD$500,000.
Ambos casos han generado amplio debate en la opinión pública sobre los límites legales de la libertad de expresión, especialmente en redes sociales, y el uso del marco jurídico de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
