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La disputa por el control de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., presididas por el artista puertorriqueño Daddy Yankee, ha escalado al Tribunal Federal con graves acusaciones de fraude informático, sabotaje corporativo y destrucción de evidencia. Las demandadas en el caso son Mireddys González, exesposa del cantante, y su hermana Ayeicha González Castellanos.
El abogado Víctor O. Acevedo Hernández, representante legal de ambas corporaciones, presentó dos recursos judiciales: una demanda por 12 millones de dólares en daños compensatorios y un requerimiento de medidas cautelares urgentes (injunction) ante lo que califica como una “traición a la confianza” y una campaña para perjudicar deliberadamente a las empresas desde su interior.
Según el documento legal de 27 páginas, las demandadas habrían abusado de su acceso privilegiado para eliminar registros clave, justo en el momento en que estaban perdiendo el control de las entidades. Se denuncia que transfirieron 100 millones de dólares fuera de las corporaciones, eliminaron información esencial relacionada con la gira mundial de despedida “La Última Vuelta World Tour” y sabotearon la operación vinculada a la venta del catálogo musical de Daddy Yankee.
Entre las acusaciones más graves figura la eliminación intencionada de correos electrónicos corporativos almacenados en cuentas del dominio @cartelrecords.com, lo cual —según el análisis forense citado— incluyó información vital para la continuidad operativa, cumplimiento regulatorio y cierre financiero de ambas entidades. La contraseña controlada por Mireddys González era descrita como “la llave maestra” de todas las cuentas corporativas, y su retención habría impedido el restablecimiento de accesos cruciales.
La demanda también alega que estas acciones fueron cometidas en desacato a una orden judicial, lo que agrava la responsabilidad legal de las acusadas. Por concepto de daños punitivos, se solicita una compensación adicional de cinco millones de dólares para cada corporación, y un millón por daños compensatorios adicionales.
El “injunction” de 21 páginas, por su parte, sostiene que las demandadas violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA) y la Ley de Comunicaciones Almacenadas (SCA) al eliminar deliberadamente archivos en servidores protegidos de Google.
Los abogados afirman que el impacto de estas acciones no puede repararse únicamente con compensaciones monetarias, debido a la magnitud del daño operativo y la interrupción de procesos empresariales críticos. El caso continúa en manos del Tribunal Federal, mientras ambas partes se preparan para un proceso legal complejo y de alto perfil.
