|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Santo Domingo.– Las motivaciones del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en la sentencia emitida contra Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán, Magaly Medina, Fernando Rosa, Freddy Hidalgo y otros implicados en un caso de corrupción contra el Estado, retomaron varias de las observaciones realizadas en 2020 por el magistrado José Alejandro Vargas durante el dictamen de medida de coerción.
Tanto Vargas como las juezas Claribel Nivar y Yissell Soto coincidieron en señalar deficiencias en la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público. En el juicio de fondo, las magistradas criticaron que se depositaran documentos en “contenedores” sin depuración, muchos de los cuales no correspondían al período de acusación entre 2012 y 2020.
El tribunal reconoció violaciones reiteradas a la Ley 340-14 de Compras y Contrataciones, pero determinó que estas carecían de sanciones penales y se enmarcaban en faltas administrativas. Soto destacó que hubo “anomalías asombrosas” en contratos de combustible y sobornos en instituciones como EdeEste y la Unidad de Electrificación Rural, así como falsificación de documentos en el Ministerio de Salud Pública.
En cuanto a Freddy Hidalgo, exministro de Salud, las juezas confirmaron incumplimientos en la aplicación de la ley de compras, aunque no hallaron responsabilidad penal. Respecto a Magaly Medina y Fernando Rosa, se comprobó que favorecieron a empresas vinculadas a Alexis Medina, pero el tribunal no pudo establecer enriquecimiento ilícito ni lavado de activos.
Sobre Alexis Medina, considerado por Vargas como “la niña linda” del expresidente Danilo Medina, el tribunal afirmó que existieron maniobras irregulares en contrataciones con distintas instituciones del Estado que generaron beneficios constituidos como sobornos, aunque la falta de pruebas limitó la imposición de sanciones penales en algunos aspectos.
El proceso también abrió un debate sobre el impacto político y social del caso. Vargas señaló que se trataba de “un mal pago familiar” más que de un tema político, mientras que Soto enfatizó que la justicia actuó en base a la Constitución y la ley, sin arrodillarse ante intereses externos.
Finalmente, las juezas resaltaron que las prácticas irregulares evidenciadas dañaron de manera profunda a la institucionalidad del país y a la confianza ciudadana en el manejo de las instituciones públicas, generando un precedente negativo en el sistema de contrataciones del Estado.
