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Desde Washington, la Casa Blanca mantiene una visión realista sobre la situación en Venezuela: el régimen de Nicolás Maduro podría colapsar si sus principales apoyos militares y políticos pierden los beneficios que obtienen de los negocios ilegales que sostienen su estructura de poder. Bajo esta premisa, la administración de Donald Trump ha puesto en marcha una estrategia integral que combina acciones diplomáticas, legales y militares con un objetivo prioritario: proteger la seguridad de Estados Unidos y desmantelar las redes ilícitas que operan desde Venezuela.
El plan diseñado por el secretario de Estado, Marco Rubio, busca cortar las fuentes de ingresos que alimentan la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas y de los altos mandos del régimen. Entre las medidas ya implementadas se encuentra la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como la oferta de una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro.
Esta política también contempla operaciones navales en aguas internacionales. Más de 4.500 marineros y 2.200 infantes de marina se han desplegado a bordo de los buques USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y USS Iwo Jima, acompañados por submarinos, aeronaves de reconocimiento y equipos de inteligencia. El objetivo: impedir el tráfico de drogas, petróleo, oro y otros recursos que financian al régimen y su red criminal.
Maduro y sus aliados han utilizado durante años el aparato estatal para fortalecer actividades ilícitas, incluyendo vínculos con el narcotráfico y organizaciones como Hezbollah, las FARC y el ELN. La actual ofensiva estadounidense busca paralizar estas operaciones y generar un quiebre interno que abra paso a una transición democrática.
Si el flujo de capital ilícito se interrumpe, el régimen podría enfrentar fracturas en su base de apoyo militar, creando las condiciones para un diálogo que permita el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Aunque la oposición encabezada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado persigue este objetivo, sus tiempos no necesariamente coinciden con la agenda estratégica de la Casa Blanca, centrada en la seguridad nacional.
