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Santo Domingo. – La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, anunció que interpondrá un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la llamada “auditoría especial” realizada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) al Ministerio de Hacienda, correspondiente al período 2016–2020, por considerar que fue elaborada en violación al debido proceso y sin validez jurídica.
El equipo legal sostuvo que el informe fue ejecutado sin requerimiento del Congreso Nacional, sin permitir acceso al expediente al propio auditado y con múltiples inconsistencias técnicas. Aseguraron que, pese a reiteradas solicitudes formales, se les negó el acceso a la documentación utilizada por los auditores, bajo el alegato de confidencialidad.
“Se trató de una auditoría a puertas cerradas, con las reglas del debido proceso suspendidas”, afirmó el equipo de defensa.
Los abogados también denunciaron que el informe fue aprobado más de un año después de su elaboración por un Pleno distinto al que condujo la investigación, lo que —según precisaron— vulnera los principios de unidad y continuidad del acto administrativo, restando legitimidad al procedimiento.
Asimismo, enfatizaron que el documento no contiene evidencia de fraude ni daño al erario público, limitándose a observaciones administrativas y de procedimiento sin cuantificación de perjuicio ni atribución de responsabilidad.
La defensa destacó contradicciones técnicas dentro del propio informe, el cual afirma la existencia de pagos “sin registro”, pero cita los mismos libramientos emitidos y aprobados por la Contraloría General de la República, entidad encargada del control previo de legalidad de todas las operaciones financieras del Estado.
Sobre los pagos por expropiaciones, los abogados aclararon que durante la gestión de Guerrero se realizaron compensaciones ordenadas por sentencias judiciales o tasaciones oficiales de la Dirección General de Catastro Nacional, en cumplimiento de las leyes 150-14 y 107-13, lo que permitió la regularización de obligaciones históricas del Estado.
“Se trató de pagos por debajo del valor de mercado, con ahorros superiores a RD$10,000 millones para el Estado dominicano”, indicaron.
La defensa sostuvo que esta actuación se suma a una serie de violaciones procesales cometidas por la Cámara de Cuentas, incluyendo la negativa al acceso al expediente, la denegación del derecho de contradicción y la aplicación de procedimientos excepcionales fuera de los límites legales.
“El respeto al debido proceso no es una formalidad, es la garantía mínima de justicia administrativa”, concluyó la defensa, al confirmar que el caso será llevado ante el Tribunal Superior Administrativo.
Finalmente, recordaron que según el artículo 60 de la Ley 18-24, las auditorías especiales solo deben realizarse cuando existan indicios de ilícitos penales, sin embargo, el informe en cuestión no señala ningún elemento de responsabilidad penal, lo que evidencia una desviación procedimental.
Con este recurso, la defensa busca la nulidad total del informe de la Cámara de Cuentas y la restitución de las garantías constitucionales vulneradas durante el proceso.
