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La propiedad de 11 millones de euros carece de licencias y permisos; activistas la señalan como símbolo del lujo fuera de control
Ibiza, España. — El astro argentino Lionel Messi enfrenta un inesperado problema fuera del campo de juego. Su exclusiva villa en Sant Josep de Sa Talaia, adquirida en 2022 por unos 11 millones de euros, está bajo investigación por graves irregularidades urbanísticas que podrían derivar en una demolición parcial o total del inmueble.
La vivienda, de más de 500 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 16.000, carece de licencia de final de obra y cédula de habitabilidad, además de presentar ampliaciones no autorizadas, como habitaciones adicionales en el garaje y movimientos de tierra sin permisos.
El Ayuntamiento local ha abierto varios expedientes sancionadores, catalogando el caso como una infracción “grave” de la normativa urbanística.
Activistas y tensiones ambientales: la villa de Messi en el ojo del huracán
El conflicto no se limita a lo legal. En las últimas semanas, grupos ambientalistas han protestado contra las construcciones de lujo en zonas naturales de Ibiza. Incluso, algunos activistas pintaron la fachada de la mansión de Messi para denunciar la “ocupación de suelo protegido”.
La sociedad inmobiliaria propietaria del inmueble —una SOCIMI vinculada al entorno financiero del jugador— ha calificado la propiedad como un “activo tóxico”, al no poder ser alquilada ni vendida de forma legal.
El futbolista, a través de sus representantes, ha condenado los actos vandálicos y mantiene abierta una vía legal para regularizar la situación urbanística de la villa.
No es el único: otras celebridades atrapadas en batallas inmobiliarias
Messi no está solo. Numerosas figuras públicas en España han enfrentado multas, sanciones y órdenes de demoliciónpor problemas similares:
- Antonio Banderas vivió un largo litigio por su casa La Gaviota en Marbella, construida en zona de dominio público. Tras años de pleitos, la mansión fue demolida en 2024 por orden judicial.
- Pedro J. Ramírez fue sancionado en 2004 por obras sin permiso en su finca de Mallorca. Dos décadas después, la Audiencia Nacional ordenó su demolición forzosa, tras declararse ilegal.
- Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros enfrentaron sanciones por reformas no autorizadas en propiedades de Madrid, incluyendo un sótano ilegal y la transformación de un local en vivienda.
- Xabi Alonso, exfutbolista del Real Madrid, se encuentra en litigio por un chalet en San Sebastián, declarado obra ilegal por incluir una cubierta y sótano en suelo rural protegido.
Entre multas, embargos y pleitos: la lista negra del lujo español
Los conflictos inmobiliarios también han alcanzado a figuras de la televisión y la política.
La periodista Mari Cruz Soriano fue condenada a un año y medio de prisión por levantar un chalet en zona forestal, mientras que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, fue sancionada con más de 7.000 euros por construir un garaje sin licencia.
Otros nombres conocidos, como Isabel Pantoja, Paz Vega, Bertín Osborne y Jorge Javier Vázquez, han sufrido embargos y sanciones fiscales por impagos tributarios o deudas acumuladas.
En el deporte, el exjugador Predrag Mijatovic perdió una propiedad en la Costa del Sol valorada en más de 600.000 euros tras un embargo por deuda con Hacienda.
Un fenómeno global: de Hollywood a Ibiza
Los escándalos por propiedades ilegales o deudas fiscales no son exclusivos de España. En Hollywood, Nicolas Cage, Johnny Depp y Kim Basinger también enfrentaron pérdidas millonarias por embargos y bancarrotas.
Incluso el propio Messi, en 2016, fue condenado por fraude fiscal junto a su padre, aunque evitó la cárcel tras pagar una multa de 2 millones de euros.
El símbolo del lujo frente a la ley
El caso de Messi se ha convertido en símbolo del choque entre el lujo y las normas urbanísticas. Mientras el futbolista busca disfrutar de su retiro en el Mediterráneo, las autoridades insulares advierten que “ni el dinero ni la fama eximen del cumplimiento de la ley”.
Por ahora, la mansión sigue bajo investigación administrativa, y todo apunta a que el jugador deberá elegir entre regularizar las obras o asumir sanciones y una posible demolición parcial.
