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Santo Domingo, R.D. – El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, arremetió este lunes contra lo que calificó como un “sistema de privilegios y corrupción estructural” entre autoridades y grandes empresarios, señalando que los subsidios de combustibles, exenciones fiscales y evasión tributaria son las verdaderas raíces de la pobreza en la República Dominicana.
Durante una asamblea con transportistas afiliados a Fenatrano, Hubieres reveló que los grandes empresarios reciben más de 60 mil millones de pesos al año por concepto de subsidios de combustibles, mientras el pueblo paga los altos costos derivados de leyes y resoluciones “hechas a la medida de funcionarios y grupos empresariales corruptos”.
“Los consumidores son engañados con la calidad de los combustibles. La gasolina premium no es premium, el gas licuado no tiene el octanaje adecuado y se nos cobra más por productos de baja calidad”, denunció Hubieres.
El líder sindical añadió que la “mafia de los combustibles” también involucra a los pagos millonarios del Estado a generadores eléctricos, los cuales, según dijo, solo contribuyen a más apagones y tarifas eléctricas más altas.
Hubieres también criticó las exenciones fiscales a sectores privilegiados, como el turismo y las empresas amparadas en la Ley de Desarrollo Fronterizo, las cuales —afirmó— gozan de décadas sin pagar impuestos mientras otros empresarios y pymes luchan por sobrevivir.
“Son los grandes empresarios quienes se comen el pastel del Estado. Los subsidios solo han servido para agrandar su capital, mientras los trabajadores reciben sueldos de miseria y el país se estanca”, expresó.
Propuestas de Fenatrano
Ante esta situación, Hubieres presentó un plan de nueve puntos que incluye:
- Eliminación de los privilegios multimillonarios otorgados a grupos oligárquicos.
- Creación de un pacto social y económico nacional para promover un desarrollo equitativo.
- Condiciones justas para el sector transporte, que aporta entre el 4% y 7% del PIB.
- Recuperación del 30% de las acciones del consorcio COASTAL por parte del Estado.
- Revisión de la tarifa del transporte público, equiparándola al costo real asumido por OMSA y el Metro de Santo Domingo.
- Extensión de los beneficios fiscales a todos los sectores productivos y no solo a los privilegiados.
- Control de calidad en los combustibles para garantizar el octanaje establecido por ley.
- Entrega de pensiones dignas a los choferes.
- Implementación de un seguro contributivo subsidiado para los transportistas.
Concluyó reiterando que los subsidios deben ser una herramienta de equidad y no de privilegio, insistiendo en que “la verdadera justicia social comienza cuando el Estado deja de gobernar para unos pocos y trabaja por el bienestar de todos los dominicanos”.
