Pepca pide junta médica para verificar licencia de Adán Cáceres

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SANTO DOMINGO (República Dominicana).– El Ministerio Público denunció que la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, principal acusado en el caso Operación Coral, intenta retrasar la recta final del juicio alegando problemas de salud. Según las autoridades, el acusado busca separar su expediente del proceso principal, donde se le imputa liderar una red de corrupción que desvió más de RD$4,500 millones de fondos públicos.

La audiencia programada para este lunes fue aplazada nuevamente luego de que Cáceres Silvestre presentara una licencia médica de 45 días, sin historial clínico ni detalles sobre el supuesto procedimiento que justificaría el reposo. Ante esta situación, el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Pepca, solicitó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) una junta médica para confirmar la veracidad del documento.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el 3 de noviembre, ordenando que la defensa entregue toda la documentación médica al Ministerio Público.

El proceso judicial contra los implicados en Operación Coral y Coral 5G está próximo a concluir, tras la presentación de más de 2,900 pruebas por parte del Ministerio Público. Estas incluyen 2,201 documentos, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos, 184 pruebas procesales y 104 materiales, entre ellas armas de fuego, relojes de lujo, vehículos, inmuebles y dinero en efectivo.

Asimismo, se han identificado 214 propiedades86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes ocupados habrían generado más de RD$86 millones en ingresos por alquileres y producción agrícola, fondos que también reclama el Estado.

El Ministerio Público acusa a Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), de encabezar una red integrada por 30 personas físicas y 18 empresas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos del CUSEP y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).

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