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Santo Domingo. La dictadura de Nicolás Maduro condenó a 30 años de prisión a la médica venezolana Marggie Orozco, de 65 años, tras la difusión de un audio de WhatsApp en el que criticaba la crisis que atraviesa Venezuela bajo el régimen chavista. La sentencia, considerada desproporcionada por organizaciones de derechos humanos, fue confirmada por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.
El fallo fue emitido el 14 de noviembre por un tribunal penal, luego de una denuncia presentada por una integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), estructura utilizada por el chavismo para el control social. Los cargos imputados —traición a la patria, incitación al odio y conspiración— se originaron después de que Orozco enviara un mensaje en un grupo de WhatsApp exhortando a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La detención ocurrió el 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, estado Táchira. Desde entonces, la médica ha enfrentado condiciones precarias bajo custodia de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Un mes después de su arresto, Orozco sufrió un infarto que requirió hospitalización urgente; aun así, posteriormente fue trasladada al Centro Penitenciario de Occidente, sin garantías adecuadas para su frágil salud, según denunció su esposo, Luis Molina.
Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) han señalado múltiples irregularidades en el proceso judicial, incluyendo negación del derecho a la defensa y ausencia de garantías mínimas. El exgobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas, calificó la condena como “un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud”.
Este caso se suma a una serie de acciones represivas contra ciudadanos que expresan opiniones críticas en espacios privados o digitales. Tras las elecciones de julio, las jóvenes emprendedoras Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillén también fueron condenadas a diez años de prisión luego de que un agente encubierto solicitara camisetas con imágenes contrarias al régimen, una operación considerada un “falso positivo” por activistas.
Venezuela enfrenta un creciente ecosistema de vigilancia ciudadana y control digital. Informes de IPYS Venezuela y Freedom House han documentado prácticas de interceptación de comunicaciones, monitoreo de redes sociales y uso de aplicaciones oficiales como VenApp para recolectar datos personales y geolocalización con fines políticos.
El caso de Marggie Orozco evidencia el deterioro de la libertad de expresión en el país y la creciente judicialización de la opinión bajo el régimen de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por graves violaciones a los derechos humanos y un ambiente de persecución sostenida contra voces disidentes.
