SANTO DOMINGO.– El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó este domingo 7 de diciembre de 2025 que el presidente Luis Abinader promulgó la Ley núm. 97-25, normativa que reforma de manera integral el Código Procesal Penal (CPP), dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0765/24, que ordenó sustituir la Ley 10-15.

La nueva legislación representa la mayor reforma procesal penal de los últimos 20 años, al modernizar principios, procedimientos, medidas de coerción y mecanismos alternos de resolución de conflicto, incorporando estándares constitucionales y criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia.

Entrada en vigor: aplicación inmediata y progresiva

Peralta Romero explicó que la ley será publicada mañana en la Gaceta Oficial y entrará en vigencia:

• El martes, en el Distrito Nacional
• El miércoles, en el resto del país

Con ello queda derogada la Ley 10-15 y se actualiza el CPP conforme a los mandatos constitucionales en materia de debido proceso, tutela judicial efectiva y protección de derechos fundamentales.

Puntos clave de la reforma al Código Procesal Penal

1. Fortalecimiento de los 28 principios del proceso penal

La Ley 97-25 refuerza pilares esenciales como:

• Presunción de inocencia
• Favorabilidad procesal
• Celeridad y economía procesal
• Defensa material y técnica
• Publicidad, contradicción e inmediación

Estas modificaciones incorporan criterios fijados por el Tribunal Constitucional y la SCJ en sentencias estructurales sobre detenciones, coerción y nulidades procesales.

2. Ampliación de mecanismos modernos de resolución de conflicto

La reforma impulsa un modelo procesal más flexible, eficiente y restaurativo. Incluye:

• Justicia restaurativa
• Criterios de oportunidad ampliados
• Acuerdos y conciliaciones
• Procedimiento abreviado
• Suspensión condicional del procedimiento, ahora disponible para delitos sancionados con hasta 5 años de prisión

Estos mecanismos buscan descongestionar los tribunales y privilegiar soluciones rápidas, reparadoras y consensuadas.

3. Reforzamiento del derecho de defensa desde las primeras actuaciones

El consultor jurídico destacó modificaciones sustanciales en favor de la defensa, tales como:

• Activación de derechos del investigado desde la primera citación o medida de inmovilización de fondos
• Ampliación del plazo para presentar el escrito de defensa
• Mayores facilidades para solicitar contraperitajes
• Plazo máximo de dos años para los archivos provisionales, que antes carecían de límite temporal

Estas disposiciones garantizan un proceso más equilibrado, reducen la discrecionalidad y fortalecen el control judicial.

4. Nuevo régimen de medidas de coerción y control judicial

La reforma introduce reglas más estrictas sobre:

• Arrestos
• Órdenes de comparecencia
• Revisión obligatoria de medidas
• Exigencia de motivación reforzada para la prisión preventiva

Por primera vez, el CPP incorpora de manera expresa el criterio del plazo razonable:

• 4 años para procesos ordinarios
• 5 años para casos complejos

Además, se clarifica el método de cómputo de los plazos, evitando abusos y dilaciones indebidas.

5. Transformación del sistema recursivo: adiós al “nuevo juicio”

Uno de los cambios más relevantes es la eliminación de la figura del “nuevo juicio”, considerada por operadores del sistema como un obstáculo a la eficiencia procesal.

En su lugar, las cortes de apelación reciben facultades para:

• Instruir el proceso directamente
• Ordenar correcciones específicas
• Garantizar un doble grado de jurisdicción real y efectivo

Con ello se busca un modelo recursivo más ágil y menos repetitivo.

6. Armonización con el nuevo Código Penal

La Ley 97-25 incorpora:

• La nueva clasificación de infracciones
• Reglas coherentes con la Ley de Extinción de Dominio
• Procedimientos compatibles con el régimen de criminalidad organizada, corrupción y delitos complejos

Este ajuste asegura un sistema penal integral y coherente, evitando contradicciones normativas.

Un proceso construido por consenso institucional

El consultor jurídico resaltó que la reforma fue fruto de un proceso de amplio debate técnico y político.
Participaron:

• El Congreso Nacional
• Ministerio Público
• Oficina Nacional de Defensa Pública
• Poder Judicial
• Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo
• Representantes de gremios y académicos del ámbito jurídico

Este consenso interinstitucional permitió ajustar la norma a las exigencias del sistema judicial contemporáneo.

Una reforma orientada a una justicia más humana y eficiente

Según Peralta Romero, la Ley 97-25 se suma a un paquete legislativo que incluye la Ley de Extinción de Dominio, el nuevo Código Penal y otras normas procesales recientes, consolidando una estructura penal más moderna, transparente y centrada en la celeridad.

“La República Dominicana avanza hacia una justicia penal más humana, moderna y efectiva, acorde con los principios democráticos y el Estado social y democrático de derecho”, enfatizó.