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SANTO DOMINGO. – Heidi Mariela, señalada por el Ministerio Público como integrante de la presunta red de corrupción que operó dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), se entregó este lunes en la Procuraduría General de la República para responder a las acusaciones en su contra. Con esta entrega, ya son 10 los implicados bajo custodia de las autoridades.
La detención voluntaria de la imputada ocurre tras un fin de semana marcado por el arresto del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y de otros señalados en un esquema que habría defraudado miles de millones de pesos mediante contratos irregulares, sobornos, falsificación de documentos y maniobras fraudulentas que comprometieron recursos destinados al sistema de salud pública.
Horas antes, otra mujer identificada como Yovanna también había sido arrestada, mientras que la Procuraduría confirmó que más personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación y podrían ser sometidas a la justicia conforme avancen las pesquisas de la denominada Operación Cobra.
La operación incluyó 12 allanamientos simultáneos, que resultaron en el arresto de:
Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, además del exdirector Hazim. En el despliegue participaron 25 fiscales y más de 200 agentes policiales, según detalló el Ministerio Público.
De acuerdo con las autoridades, la Operación Cobra ha recopilado evidencia sólida de un esquema de corrupción estructurado desde la propia Dirección Ejecutiva del SeNaSa, alegadamente dirigido por Hazim en coalición con otros funcionarios y prestadores de servicios de salud. El Ministerio Público lo describe como una “asociación criminal de gran escala” que afectó directamente el derecho constitucional a la salud.
En las próximas horas, la Procuraduría General deberá depositar la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos, dentro del plazo legal de 48 horas. Mientras tanto, familiares y abogados continúan llegando al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanecen los implicados, y donde ya se han instalado insumos y colchones para su estadía temporal.
El Ministerio Público reiteró que la Operación Cobra “llegará hasta las últimas consecuencias” y que, además de perseguir sanciones penales, buscará el decomiso de los fondos sustraídos al patrimonio estatal.
