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Santo Domingo, D.N. – El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el jueves 11 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra Santiago Hazim y otros nueve imputados por un presunto entramado de corrupción que habría sustraído más de RD$15,921 millones del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los acusados:
Santiago Hazim Albainy, Rafael Luis Martínez Hazim —fundador del centro de telemedicina Mycare—, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
La acusación, sustentada en un expediente de más de 500 páginas, señala la presunta comisión de delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Según el documento acusatorio, el exdirector de Senasa, Santiago Hazim Albainy, habría articulado un esquema junto a sus “asistentes más cercanas”, Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes acudían a reuniones con listas previamente definidas de prestadores que debían ser aprobados por instrucción directa del entonces funcionario. Dichos contratos, según el Ministerio Público, beneficiaban a prestadores sin cumplir los requisitos técnicos ni legales exigidos.
Roles dentro del presunto entramado
- Germán Robles, consultor jurídico, es señalado como figura clave por supuestamente imponer la aprobación de prestadores favorecidos y gestionar contratos al margen de los procesos institucionales.
- Francisco Iván Minaya, gerente de salud, presuntamente dirigía las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores y homologaba acuerdos irregulares.
- Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, habría presionado la habilitación de prestadores sin la documentación necesaria.
- Carmen José Velázquez, gerente de afiliación, habría participado en la firma sistemática de actas con decisiones previamente coordinadas con Hazim Albainy.
El Ministerio Público sostiene que el esquema operó de manera “articulada” y que muchos contratos se aprobaban alegando razones ajenas a los requisitos institucionales, como que el prestador “aportó en la campaña” o “había que ayudarlo”.
La audiencia continuará en los próximos días mientras las autoridades aseguran que presentarán un expediente robusto para garantizar sanciones ejemplares.
