La transición venezolana y el costo del poder

La situación que atraviesa Venezuela abre una etapa extremadamente compleja, en la que confluyen factores políticos, militares y sociales que obligan a pensar la transición más como un proceso que como un acto inmediato. En este contexto, la decisión de no colocar el peso total de la reconstrucción del país sobre figuras con alto capital político democrático parece responder a una lógica estratégica más que a una simple postergación del poder.

Delegar la conducción inicial de esta etapa en una figura que, desde el punto de vista político y legal, no tenga imputaciones ni órdenes de captura permite absorber el enorme desgaste que implica “poner el país en orden”. La transición no será limpia ni rápida: habrá que reconstruir instituciones prácticamente inservibles, restituir el Estado de derecho y reactivar el funcionamiento básico del país mientras la sociedad comienza a salir de una larga crisis.

Cargar ese proceso sobre liderazgos como los de Edmundo González o María Corina Machado podría significar un desgaste prematuro de un capital político que será indispensable más adelante, cuando llegue el momento de consolidar la democracia mediante elecciones o una transferencia formal del poder. La gestión de expectativas, especialmente en una sociedad que ansía cambios inmediatos, tiene un costo político altísimo y puede erosionar rápidamente a cualquier liderazgo.

La experiencia venezolana ha demostrado que las transiciones mal administradas, sin una lectura realista de los tiempos y las dificultades, suelen derivar en frustración social y, en el peor de los casos, en regresiones autoritarias. Por eso, pensar este momento como una etapa que debe ser contenida, supervisada y cuidadosamente planificada resulta clave para evitar repetir errores del pasado.

No todos los actores del actual entramado político enfrentan el mismo escenario. Algunos buscan preservar espacios de supervivencia política dentro de un eventual nuevo orden, mientras que otros —directamente vinculados a la represión o a actividades ilícitas— cargan con un peso judicial y moral que limita cualquier proyección futura. En ese tablero, ciertos liderazgos intentan construir un capital propio que les permita jugar un rol en la transición sin asumir los costos más tóxicos del proceso.

Aunque muchos hubiesen deseado escuchar un anuncio inmediato de asunción del liderazgo opositor legítimo, la realidad impone un enfoque más pragmático. La transición venezolana no será de un día para otro. Tendrá dificultades, tensiones, obstáculos y costos sociales inevitables. Precisamente por eso, resulta fundamental pensar cómo se administra el poder en esta etapa para no hipotecar las instancias de consolidación democrática que deben venir después.

En definitiva, la clave estará en comprender que la paz, la estabilidad y la democracia no se imponen por decreto. Se construyen paso a paso, con decisiones estratégicas que, aunque impopulares en el corto plazo, pueden ser determinantes para garantizar un futuro institucional sólido y verdaderamente democrático para Venezuela.