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En medio del proceso político que se abre tras la intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, funcionarios de Washington han indicado que la administración no está apostando en el corto plazo por un liderazgo opositor tradicional para una transición política inmediata.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha reconocido públicamente que figuras de la oposición como María Corina Machado —líder opositora con amplio reconocimiento internacional— son valoradas y respetadas, pero señaló que “la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela”, debido a la represión, el exilio y la falta de control sobre estructuras clave del Estado.
Rubio también ha subrayado que, en la coyuntura actual, Estados Unidos se enfocará en trabajar con las autoridades que actualmente ejercen el poder en Caracas —como Delcy Rodríguez, designada presidenta interina por el Tribunal Supremo venezolano— siempre que tomen “las decisiones correctas”. Las declaraciones del diplomático recalcan que un proceso de transición político no puede improvisarse de inmediato, y que será necesario abordar primero asuntos urgentes de seguridad y estabilidad.
Además, según informes clasificados y análisis de inteligencia, incluida una evaluación de la CIA, altos asesores de Estados Unidos llegaron a la conclusión de que figuras del chavismo leales a Maduro ofrecen mayores garantías de estabilidad institucional a corto plazo que líderes opositores como Machado o Edmundo González —quien también ha sido considerado una figura representativa de la oposición—, principalmente porque estos últimos carecen de control sobre las fuerzas armadas y otras instituciones fundamentales.
Esa evaluación, junto con la postura de funcionarios como Rubio, habría sido determinante para que la Casa Blanca optara por una política de transición más gradual, priorizando la estabilidad sobre un relevo inmediato por parte de la oposición.
En este contexto, la nueva estrategia estadounidense combina presión política y diplomática con incentivos condicionados para las autoridades actuales en Caracas, mientras mantiene la puerta abierta a un proceso electoral futuro en condiciones que puedan garantizar transparencia y participación amplia, aunque sin un cronograma acelerado inmediato.
