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Teherán.– El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi Azad, advirtió que cualquier persona que participe o colabore con las protestas que se desarrollan en el país será considerada “enemigo de Dios”, un delito que, según la legislación iraní, puede ser castigado con la pena de muerte. La amenaza fue difundida por la televisión estatal en medio de una escalada represiva y un severo apagón informativo, tras casi dos semanas de movilizaciones multitudinarias.
De acuerdo con datos de Human Rights Activists News Agency (HRANA) recopilados por Associated Press, la represión ha dejado al menos 72 personas fallecidas y más de 2.300 detenidas. Azad instó a los fiscales a “preparar rápidamente el terreno para el juicio y una confrontación decisiva” contra quienes, a juicio del régimen, traicionan a la nación, exigiendo procesos judiciales “sin indulgencia, compasión ni clemencia”.
Las autoridades iraníes sostienen que incluso quienes ayuden o respalden a los manifestantes podrían enfrentar cargos capitales. Pese al incremento de la violencia, las protestas no han disminuido y se han extendido a barrios de Teherán y a ciudades como Mashhad, Tabriz, Qom, Shiraz y Bandar Abbas. Organizaciones como Iran Human Rights y HRANA reportan decenas de víctimas mortales, entre ellas menores de edad.
La situación se ve agravada por un bloqueo nacional de internet, que ha mantenido a la población sin acceso estable a la red durante más de 36 horas, según NetBlocks. Activistas y organizaciones internacionales denuncian que esta censura busca ocultar la magnitud de la represión y dificulta la verificación independiente de posibles violaciones de derechos humanos.
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. Amnistía Internacional, la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos condenaron el uso excesivo de la fuerza y exigieron la liberación de los detenidos y el respeto de los derechos fundamentales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a las demandas de libertad del pueblo iraní, mientras otras autoridades calificaron la respuesta oficial como inaceptable.
Las protestas, iniciadas el 28 de diciembre, surgieron por la crisis económica, el colapso del rial y la inflación, y rápidamente evolucionaron hacia consignas que cuestionan al liderazgo político y religioso. En un contexto de creciente represión y aislamiento informativo, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales insisten en la necesidad de mantener la atención global sobre la situación en Irán.
