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La muerte de Edilson José Torres Fernández, un policía venezolano de 52 años considerado preso político, ha generado consternación y denuncias tras su fallecimiento bajo custodia del Estado en Caracas, mientras avanzan a cuentagotas las excarcelaciones que el gobierno de transición anunció recientemente.
Torres, funcionario de la Policía del estado Portuguesa con más de 20 años de servicio, fue detenido el 9 de diciembre de 2025, luego de compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador regional, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) y grupos de derechos humanos.
El deceso ocurrió el 10 de enero de 2026 en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) Zona 7 en Caracas, 62 horas después de que las autoridades anunciaran la liberación de un “número importante” de presos políticos, un proceso criticado por su lentitud y falta de transparencia.
La versión oficial del Ministerio Público venezolano indica que Torres sufrió una descompensación súbita de salud, fue trasladado con signos vitales a un centro asistencial en Caracas y atendido por personal médico, pero padeció un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, lo que ocasionó su muerte.
Familiares, compañeros y organizaciones de derechos humanos han expresado su dolor e indignación, denunciando una falta de información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento y la atención recibida durante su detención. El CLIPP responsabiliza al Estado por la vida e integridad de las personas privadas de libertad y exige una investigación independiente y transparente, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos que aún permanecen detenidos.
El velorio de Torres se realizó en su localidad natal con la presencia de decenas de amigos, familiares y colegas policiales, en un ambiente marcado por la tristeza y el temor entre quienes asistieron.
Su muerte se produce en medio de un contexto de presión internacional y denuncias de organizaciones civiles y de defensa de derechos humanos ante la opacidad en los procesos de detención y excarcelación, así como sobre las condiciones de detención de los presos políticos en Venezuela.
Este caso se suma a la larga lista de víctimas que, según organizaciones especializadas, han fallecido bajo custodia estatal en los últimos años, lo cual ha sido denunciado repetidamente por grupos civiles y defensores de derechos humanos.
