“No más impunidad”: clamor contra Maduro por más de 10,000 muertes en Venezuela
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Madrid.– Familiares de jóvenes venezolanos fallecidos durante manifestaciones contra el régimen de Nicolás Maduroexigieron este miércoles en Madrid que los crímenes cometidos durante la represión estatal no queden en la impunidad, y reclamaron justicia internacional por lo que califican como asesinatos sistemáticos y crímenes de lesa humanidad.
Durante una rueda de prensa celebrada en la capital española, las familias expresaron su dolor y frustración ante la falta de avances judiciales en la Corte Penal Internacional (CPI), pese a que el organismo mantiene abierta desde 2018 una investigación formal contra el Estado venezolano por violaciones graves a los derechos humanos.
“Maduro debe pagar por cada una de las víctimas”
“Nicolás Maduro debe pagar todos estos asesinatos. Hay más de 10,000 víctimas en Venezuela, y todos merecen reparación y justicia”, expresaron los familiares durante el encuentro, organizado por la asociación Venezuelan Press, que agrupa a periodistas venezolanos en España.
Los deudos lamentaron que el mandatario venezolano haya terminado detenido en Nueva York, tras ser capturado por Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, sin que previamente la CPI hubiese solicitado una orden de arresto internacional por crímenes de lesa humanidad.
Víctimas con nombre y rostro
En la actividad tomaron la palabra familiares de jóvenes asesinados en 2017 durante protestas antigubernamentales, entre ellos:
- Diego Fernando Arellano De Figueiredo
- Paúl René Moreno Camacho
- Daniel Alejandro Queliz Araca
- David José Vallenilla Luis
- Armando Cañizales Carrillo
- Neomar Alejandro Lander Armas
Los familiares relataron la vida, los sueños y las circunstancias en las que perdieron a sus hijos, denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de organismos de seguridad del Estado venezolano.
Exigen acción inmediata a la CPI y a los Estados firmantes
Las familias instaron a la Corte Penal Internacional a actuar con mayor celeridad y reclamaron a los Estados firmantes del Estatuto de Roma, entre ellos España, que emitan órdenes de captura contra Maduro y los miembros de su cadena de mando por presuntos crímenes de lesa humanidad.
También denunciaron que funcionarios subalternos del régimen, presuntamente involucrados en estos hechos, continúan gobernando en Venezuela o residiendo en países como España sin enfrentar consecuencias judiciales.
Críticas a la lentitud de la Fiscalía de la CPI
El jurista Blas Jesús Imbroda Ortiz, expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional, cuestionó duramente la actuación de la Fiscalía de la CPI en el caso venezolano.
“El expediente sobre Venezuela lleva casi ocho años abierto, mientras que en otros conflictos, como Ucrania o Gaza, se emitieron órdenes de arresto con mucha mayor rapidez”, señaló.
Imbroda criticó especialmente la gestión del exfiscal jefe Karim Khan, quien se apartó del cargo en mayo de 2025 tras una investigación por presunto acoso sexual, y calificó como “absolutamente erróneos” gestos como su visita a Caracas y su reunión con Maduro en el Palacio de Miraflores.
“Estos crímenes de lesa humanidad continuados no pueden quedar impunes”, afirmó el abogado.
Contexto del caso Venezuela en la CPI
La CPI abrió formalmente la investigación en 2018 tras solicitudes de países como Argentina y Perú, que pidieron determinar si en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad desde 2014.
Aunque el Gobierno de Maduro intentó frenar el proceso alegando investigaciones internas, la CPI rechazó esos argumentos en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas.
En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, aprobó una ley para retirar al país del Estatuto de Roma, en un intento de desligarse del tribunal internacional.