Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por presuntas injurias tras denuncia archivada
El cantante español Julio Iglesias ha interpuesto una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por considerar que realizó declaraciones “injuriosas y calumniosas” en su contra tras una denuncia por presuntos abusos sexuales que posteriormente fue archivada por la Fiscalía.
Según el escrito presentado ante el Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, el artista solicita la celebración de un acto de conciliación —paso previo a una querella por injurias y calumnias— en el que la ministra rectifique públicamente sus palabras, reconozca el daño causado y le indemnice en función de la difusión alcanzada por sus manifestaciones.
Declaraciones en redes y televisión
La demanda se centra en comentarios realizados por Díaz el 13 de enero en la red social Bluesky y al día siguiente en una entrevista en el programa La Hora de la 1, transmitido por RTVE.
En sus publicaciones y declaraciones televisivas, la vicepresidenta hizo referencia a testimonios de exempleadas del cantante, señalando presuntos abusos sexuales y situaciones de vulneración de derechos. El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, sostiene que estas afirmaciones trasladaron a la opinión pública “claros prejuicios de culpabilidad”, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia, al honor y a la intimidad personal.
Argumentos legales
El letrado argumenta que las palabras de la ministra tuvieron una “inequívoca repercusión mediática”, destacando que la entrevista televisiva alcanzó un 17,3 % de audiencia ese día. Asimismo, cita jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y normativa europea que prohíbe a las autoridades realizar declaraciones públicas que puedan presentar como culpable a una persona antes de que exista una condena judicial firme.
Investigación archivada
La denuncia contra el artista, interpuesta por dos exempleadas por presuntos delitos de trata de personas, trabajo forzado, agresión sexual y vulneración de derechos laborales, fue archivada en enero por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al considerar que la justicia española no tenía competencia para investigar los hechos.
Con esta acción judicial, Iglesias busca que se reconozca el supuesto daño reputacional sufrido y que se rectifiquen las declaraciones realizadas en su contra.
