SANTIAGO, RD. – El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ratificó la medida de coerción impuesta contra varias ejecutivas del Colegio Leonardo Da Vinci, en el proceso judicial relacionado con la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada durante una excursión escolar.
La corte confirmó la decisión emitida en primera instancia, que establece como medidas una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las acusadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario, quienes continúan en libertad bajo las condiciones impuestas por el tribunal.
La menor perdió la vida durante una actividad recreativa realizada en la Hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, Santiago de los Caballeros, donde el centro educativo organizó una excursión.
Tras la audiencia, el abogado de la familia de la víctima, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió el hecho.
El jurista señaló que durante la audiencia se planteó que las personas imputadas no serían las únicas responsables del presunto descuido que provocó la tragedia, y criticó que no se haya incluido al presidente del colegio ni a los propietarios de la Hacienda Los Caballos, quienes, según afirmó, tampoco habrían cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación y la Defensa Civil.
Asimismo, Valdez Mar Díaz cuestionó el manejo del proceso por parte del Ministerio Público, indicando que la familia aún no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, a pesar de las solicitudes realizadas.
El tribunal fijó para el próximo 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios del lugar donde ocurrió el incidente.
En medio del dolor, la madre de la menor, Loveli Raphael, salió de la sala de audiencia visiblemente afectada y expresó entre lágrimas su deseo de que se haga justicia por la muerte de su hija, mientras familiares la acompañaban y reiteraban el llamado a que se establezcan responsabilidades.
Por su parte, la abogada de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión del tribunal, al considerar que la corte evaluó los argumentos presentados antes de ratificar la medida.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó la jurista.
Asimismo, indicó que el Ministerio Público había solicitado un aumento en la garantía económica impuesta como medida de coerción, petición que finalmente no fue acogida por el tribunal.
