Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó a la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, que dicte auto de apertura a juicio contra el exsenador Rafael Calderón, imputado en el caso de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Calamar.
Según la acusación, Calderón forma parte de una red que habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$19 mil millones, a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos y otros mecanismos ilícitos.
Tribunal se reserva fallo
Durante la audiencia celebrada este lunes, la fiscal litigante Rosa Alba García representó al órgano acusador. La magistrada Ramírez decidió reservar su fallo para el próximo 29 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana.
Cabe destacar que previamente la jueza había ordenado el desglose del proceso en relación con Calderón debido a complicaciones de salud.
Red de alto nivel bajo investigación
El expediente principal también involucra a exfuncionarios de alto perfil, entre ellos Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, señalados como parte de una estructura que habría desviado fondos públicos y financiado campañas políticas mediante sobornos.
El Ministerio Público ha presentado acusación contra 46 personas físicas y jurídicas, imputándoles delitos como asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, financiamiento ilícito de campañas y lavado de activos.
Otros implicados en el caso
Entre los acusados figuran además el abogado Ángel Lockward, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar, Luis Miguel Piccirilo, así como varios exfuncionarios y particulares vinculados al manejo de fondos públicos.
Esperan decisión clave
El órgano acusador expresó su confianza en que el tribunal acogerá su solicitud y enviará a Calderón a juicio de fondo, en un caso que ha sido calificado como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
La decisión del tribunal marcará un punto clave en el avance del proceso judicial y en las expectativas de sanción para los implicados.
