La Junta Central Electoral fue condenada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York al pago de más de US$895 mil a favor de la empresa Latin Events, LLC por incumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con servicios logísticos prestados en actividades institucionales realizadas en el extranjero.
La decisión está contenida en la sentencia núm. 1:25-CV-02830-PKC, emitida el 21 de noviembre de 2025, mediante la cual el tribunal estadounidense ordenó a la JCE pagar US$838,337.50 por concepto de capital adeudado, además de intereses calculados conforme al promedio semanal del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos publicados por la Reserva Federal, monto que asciende actualmente a US$57,370.00.
El tribunal determinó que la institución dominicana incumplió el pago de los servicios contratados a Latin Events, LLC, los cuales, según la sentencia, fueron ejecutados de manera íntegra por la compañía demandante.
La condena fue dictada en rebeldía luego de que la JCE no compareciera ni presentara defensa en el proceso judicial desarrollado en Nueva York. La decisión adquirió carácter definitivo al no ser recurrida dentro de los plazos establecidos por la legislación estadounidense.
Los abogados de la empresa demandante, Julio Cury y José Alberto Cruceta hijo, depositaron ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional una solicitud de exequátur para obtener el reconocimiento y ejecución de la sentencia en territorio dominicano.
En el documento sometido al tribunal local, los juristas alegan que la decisión extranjera cumple con todos los requisitos establecidos por la Ley 544-14 sobre Derecho Internacional Privado, incluyendo la competencia del tribunal de origen, el respeto al debido proceso y la ausencia de contradicción con el orden público dominicano.
Asimismo, sostienen que la corte estadounidense validó correctamente la notificación realizada a la JCE en una oficina utilizada institucionalmente por el organismo en Nueva York, razón por la cual solicitan que la sentencia sea reconocida con plena fuerza ejecutoria en República Dominicana.
