Nueva ley fortalece control del Gobierno ante crisis de combustibles
SANTO DOMINGO.– En medio de la incertidumbre mundial por el aumento de los precios del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, la República Dominicana cuenta ahora con una herramienta legal que busca blindar la estabilidad del mercado de combustibles y reducir el impacto económico sobre la población.
Se trata de la Ley 37-25 sobre hidrocarburos, promulgada por el presidente Luis Abinader en julio de 2025, una normativa que moderniza el sistema energético nacional y otorga al Estado mayores capacidades para enfrentar la volatilidad internacional de los carburantes.
La legislación surge en un escenario donde el precio del petróleo continúa registrando fuertes variaciones debido a conflictos internacionales, afectando directamente economías dependientes de la importación de combustibles como la dominicana.
Gobierno tendrá mayor margen de acción
Uno de los principales cambios introducidos por la nueva ley es que permite al Estado actuar con mayor rapidez ante alzas repentinas del crudo, mediante mecanismos de regulación, supervisión y planificación más flexibles.
La normativa establece metodologías técnicas para la fijación de precios de los combustibles, tomando en cuenta factores como el comportamiento del mercado internacional, la tasa del dólar y los costos de importación.
Con esto, las autoridades buscan transparentar el cálculo de los precios y evitar distorsiones que puedan afectar a consumidores y sectores productivos.
Crean fondo para amortiguar alzas
Entre los puntos más relevantes de la legislación figura la creación del Fondo de Estabilización y Compensación de los Precios de los Combustibles (FECOPECO), una herramienta diseñada para que el Gobierno pueda absorber parte de los aumentos sin transferir completamente el impacto a la ciudadanía.
La medida busca proteger principalmente a los sectores más vulnerables y reducir el efecto de la inflación derivada de las constantes variaciones del petróleo en los mercados internacionales.
Tecnología y supervisión en tiempo real
La Ley 37-25 también incorpora una Red Integral de Sistemas Tecnológicos Digitales para monitorear en tiempo real la importación, distribución y comercialización de combustibles en el país.
Este sistema incluirá trazabilidad digital, geolocalización de estaciones y automatización de precios, con el objetivo de fortalecer la transparencia y garantizar el cumplimiento de las regulaciones del sector.
Además, la legislación contempla medidas técnicas para asegurar que el volumen de combustible vendido al consumidor sea justo y estandarizado, estableciendo controles basados en temperatura y condiciones de almacenamiento.
Formalización y nuevas reglas fiscales
Otro aspecto importante es la amnistía administrativa otorgada a estaciones de combustibles y plantas de GLP registradas provisionalmente, permitiéndoles regularizar su situación bajo nuevos protocolos de seguridad y mitigación de riesgos.
La normativa también modifica disposiciones fiscales vinculadas al mercado energético e introduce nuevas reglas para la gestión estatal cuando el petróleo supere los niveles proyectados en el Presupuesto General del Estado.
Con esta ley, el Gobierno apuesta a fortalecer la estabilidad energética nacional, garantizar mayor control del mercado y enfrentar con más herramientas los efectos de futuras crisis internacionales relacionadas con los combustibles.