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Santo Domingo.– La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ratificó este miércoles la prisión preventiva impuesta al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares vinculado a un testigo clave del presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La decisión fue adoptada de manera unánime por el tribunal presidido por el magistrado Francisco Jerez Mena e integrado por las juezas Nancy Salcedo y Yorlin Vásquez Castro, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa del imputado.
Valdez Alcántara permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, donde cumple la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva dictada previamente por la jueza de instrucción especial Isis Muñiz.
Durante la audiencia, el fiscal aseguró que posee evidencias audiovisuales que demostrarían su inocencia y afirmó que el Ministerio Público habría violentado el principio de objetividad al no investigar elementos favorables a su defensa.
“Estoy presto a enfrentar mi proceso”, expresó Valdez Alcántara, insistiendo en que las acusaciones carecen de veracidad y denunciando supuestas irregularidades durante la investigación.
Por su parte, el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, defendió la legalidad y solidez del proceso, destacando que el arresto se produjo mediante una “entrega controlada” de dinero previamente marcado y documentado por las autoridades.
“El dinero salió del Ministerio Público, fue fotografiado antes de la entrega y luego encontrado en poder del imputado. Son evidencias objetivas difíciles de negar”, afirmó Camacho.
El Ministerio Público acusa al fiscal, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de recibir dinero en efectivo de manos de Roberto Canaán, señalado como uno de los principales testigos del caso Senasa.
Las autoridades sostienen que el proceso reafirma la política de cero tolerancia frente a actos de corrupción, independientemente de la posición o investidura del implicado.
