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SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este lunes a 20 años de prisión al exmayor general Adán Cáceres Silvestre, principal imputado en los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, tras hallarlo culpable de encabezar una estructura que presuntamente desvió miles de millones de pesos del Estado dominicano.
La decisión fue anunciada durante la lectura del dispositivo de la sentencia, poniendo fin a una de las etapas más importantes de uno de los procesos judiciales de mayor trascendencia en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
Una red integrada por militares, policías y civiles
El expediente involucra a más de 30 militares, agentes policiales y civiles, quienes fueron acusados por el Ministerio Público de formar parte de una organización que operaba desde importantes instituciones de seguridad del Estado.
De acuerdo con la acusación, la estructura utilizó entidades como el Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) para ejecutar un esquema de corrupción administrativa que habría provocado un perjuicio económico superior a los RD$4,500 millones.
Ministerio Público solicitó la pena máxima
Durante el juicio, el Ministerio Público solicitó una condena de 20 años de prisión contra Cáceres Silvestre, además del decomiso de bienes y la imposición de sanciones económicas, al considerar que dirigía la estructura y se benefició directamente de los recursos sustraídos.
Los fiscales sostuvieron que el exjefe militar utilizó su posición de poder para crear un entramado que operó durante años mediante el uso irregular de recursos públicos y la creación de mecanismos para ocultar los bienes obtenidos.
Uno de los mayores casos de corrupción del país
Los casos Coral y Coral 5G han sido considerados entre los expedientes de corrupción más relevantes de los últimos años debido a la magnitud de los recursos involucrados, la cantidad de acusados y el alto rango de los funcionarios implicados.
El proceso judicial ha mantenido la atención de la opinión pública desde su inicio por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos relacionados con la administración pública.
La sentencia aún puede ser apelada
Aunque el tribunal emitió su decisión, las partes involucradas todavía tienen la posibilidad de recurrir la sentencia ante instancias superiores, conforme a lo establecido en el sistema judicial dominicano.
El fallo representa un paso importante dentro de los esfuerzos institucionales para sancionar actos de corrupción y fortalecer la transparencia en la administración pública.
Las próximas semanas serán determinantes para conocer si la defensa de los condenados ejercerá los recursos legales correspondientes.
