Ángel Puello aboga por sancionar la difamación dolosa

Santo Domingo, República Dominicana.– En medio del debate nacional sobre la reforma del marco jurídico que regula la libertad de expresión y la responsabilidad por difamación, el productor de medios audiovisuales y presidente de la Fundación Todo es Posible, Ángel Puello, expresó su posición a través del artículo de opinión «La difamación también puede matar en vida», remitido a diversos medios de comunicación del país.

En su reflexión, Puello sostiene que la libertad de expresión constituye un pilar esencial de la democracia, pero afirma que ese derecho debe coexistir con la protección del honor, la dignidad y la reputación de las personas frente a la difamación dolosa.

El autor plantea que las campañas de descrédito pueden generar profundas consecuencias personales, familiares y profesionales para quienes las sufren, afectando también a padres, hijos, parejas y demás allegados.

Asimismo, considera que el debate sobre la reforma legal no debe limitarse a la discusión sobre la libertad de expresión, sino incorporar la protección de las víctimas de informaciones falsas difundidas con intención de causar daño.

En el artículo, Puello expone los argumentos de quienes respaldan la existencia de sanciones penales para los casos más graves de difamación dolosa, al considerar que determinadas conductas trascienden el ámbito de un conflicto privado cuando buscan destruir reputaciones, extorsionar o provocar daños irreparables mediante la difusión deliberada de falsedades.

El presidente de la Fundación Todo es Posible sostiene que una indemnización económica no siempre permite reparar las consecuencias sociales, familiares y profesionales derivadas de una campaña difamatoria, especialmente cuando afecta el prestigio, las relaciones personales o la estabilidad laboral de la víctima.

Además, advierte sobre el uso de plataformas digitales para desarrollar presuntos esquemas de descrédito, presión y chantaje, señalando que, de comprobarse esos hechos, dichas acciones dejan de estar amparadas por la libertad de expresión para convertirse en conductas ilícitas.

Puello enfatiza que una legislación orientada a sancionar la difamación dolosa no debe interpretarse como una limitación al periodismo responsable ni al ejercicio legítimo de la crítica, sino como un mecanismo para garantizar el equilibrio entre el derecho a informar y la protección de los derechos fundamentales de las personas.

El artículo concluye señalando que la libertad de expresión y la responsabilidad deben avanzar de manera conjunta en una sociedad democrática, reconociendo que la honra y la dignidad también requieren protección frente a la difusión intencional de informaciones falsas.