Banreservas bloquea intento de embargo contra la JCE
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Santo Domingo.– El Banco de Reservas (Banreservas) rechazó una solicitud de embargo retentivo sobre las cuentas de la Junta Central Electoral (JCE), al considerar que la medida no cumple con los requisitos legales establecidos para inmovilizar fondos públicos.
La decisión se fundamenta en la Ley 86-11 y en la Sentencia TC/0048/15 del Tribunal Constitucional, las cuales disponen que las entidades de intermediación financiera no pueden ejecutar embargos sobre recursos del Estado, salvo que exista una sentencia definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, condición que, según explicó la entidad, no se presenta en este caso.
JCE recurre decisión judicial
En relación con la demanda presentada por la empresa Latin Events, LLC, la Junta Central Electoral informó que interpuso formalmente un recurso de apelación contra el auto emitido el pasado 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
El recurso, depositado el 16 de julio de 2026, también incluye el emplazamiento de la empresa demandante para comparecer ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde continuará el proceso judicial.
Niega haber autorizado los servicios reclamados
La JCE reiteró que no existe documentación que evidencie la aprobación del Pleno ni autorización del presidente del organismo para contratar los presuntos servicios que Latin Events asegura haber prestado a la institución.
El órgano electoral sostuvo que ese aspecto constituye un elemento esencial del proceso, debido a que involucra el cumplimiento de las normas sobre contratación pública y el manejo de recursos estatales.
Defenderá los fondos públicos
La Junta Central Electoral afirmó que defenderá su posición en los tribunales y aseguró que demostrará que nunca asumió la obligación económica reclamada por Latin Events.
Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio público, señalando que agotará todas las vías legales para garantizar el uso correcto de los recursos del Estado dominicano.
