Gobierno acatará fallo del Tribunal Constitucional sobre horarios para venta de alcohol, afirma Faride Raful
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Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este miércoles que el Gobierno respetará y acatará la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el decreto que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana.
La funcionaria explicó que el Poder Ejecutivo trabajará junto al Congreso Nacional en la elaboración de una nueva legislación que establezca un marco legal actualizado para regular la comercialización de bebidas alcohólicas, tomando en cuenta las opiniones de los distintos sectores de la sociedad.
«El Tribunal Constitucional estableció un plazo de dos años durante el cual continuará aplicándose el decreto vigente desde 2006, mientras el Congreso Nacional trabaja en una nueva ley que podrá entrar en vigor antes de ese plazo», expresó Raful a través de su cuenta en la red social X.
La ministra reiteró que el compromiso del Gobierno seguirá enfocado en proteger la vida, fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar una convivencia pacífica en todo el territorio nacional.
Tribunal Constitucional anuló el decreto
La decisión del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06, emitido por el Poder Ejecutivo en 2006, mediante el cual se establecían restricciones en los horarios de venta de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y otros centros de diversión.
El alto tribunal concluyó que, aunque la medida perseguía un objetivo legítimo relacionado con el orden público y la seguridad, su aplicación de manera indefinida carecía del respaldo legal exigido por la Constitución.
No obstante, la sentencia dispone que el decreto continuará vigente de forma temporal por un período de dos años, tiempo durante el cual el Congreso Nacional deberá aprobar una nueva legislación que regule esta materia conforme al marco constitucional.
Con este proceso, las autoridades buscan establecer una normativa moderna que permita equilibrar el respeto a los derechos ciudadanos con las políticas de seguridad y prevención implementadas por el Estado.
