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Washington D.C., Estados Unidos.– El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció un paquete de recompensas que supera los US$100 millones por información que permita capturar o lograr condenas contra ocho presuntos líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la mayor ofensiva de este tipo contra una organización criminal mexicana.
La medida incluye nuevos cargos federales contra cinco de los ocho fugitivos, presentados ante tribunales de Washington D.C. y Nueva York. Los acusados enfrentan posibles condenas de hasta dos cadenas perpetuas consecutivas en caso de ser declarados culpables.
Juan Carlos Valencia González, señalado como nuevo líder
Según las autoridades estadounidenses, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en un operativo militar mexicano en febrero de 2026, el control del CJNG habría pasado a su hijastro Juan Carlos Valencia González, conocido como “Pelón”.
El Departamento de Estado fijó una recompensa de US$25 millones por información que conduzca a su captura o condena, la cifra individual más alta dentro del operativo.
Valencia González ya enfrentaba acusaciones por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de cargos relacionados con armas automáticas.
El CJNG fue designado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, una clasificación que permite incorporar cargos adicionales relacionados con apoyo material al terrorismo, además de delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Otros líderes señalados
Entre los principales objetivos figuran:
- Audias Flores Silva (“Jardinero”), de 45 años, detenido en México en abril de 2026. Estados Unidos elevó a US$15 millones la recompensa por información que permita su condena. Es acusado de tráfico de drogas, lavado de dinero y uso de explosivos.
- Julio César Montero Pinzón (“Tarjetas”) y Carlos Andrés Rivera Varela (“La Firma”), señalados como fundadores del Grupo Élite, brazo armado del CJNG. Las autoridades estadounidenses aseguran que esta estructura llegó a contar con más de 1,000 integrantes entrenados con armamento pesado. La recompensa por cada uno es de US$10 millones.
- Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán (“Sapo”), de 37 años, identificado como responsable de adquisición de armas y reclutamiento forzado dentro de la organización. La recompensa por él asciende a US$15 millones.
- Ricardo Ruiz Velasco (“RR”), de 42 años, acusado de coordinar operaciones territoriales y distribución de fentanilo y heroína hacia Estados Unidos. La recompensa es de US$10 millones.
- Julio Alberto Castillo Rodríguez (“Chorro”), de 49 años, señalado por supervisar operaciones en Colima, adquisición de precursores químicos y transporte de drogas. Estados Unidos ofrece US$15 millones por información que permita su captura.
Fraude inmobiliario como fuente de financiamiento
La acusación también incluye a Griselda Margarita Arredondo Pinzón, de 36 años, señalada como parte de una red internacional de fraude relacionada con propiedades de tiempo compartido en México.
Según fiscales estadounidenses, Arredondo Pinzón, junto con Montero Pinzón y Rivera Varela, habría participado en un esquema que afectó a miles de ciudadanos estadounidenses y generó pérdidas de cientos de millones de dólares.
Arredondo enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, con una recompensa de US$2 millones.
Operativo interinstitucional
El fiscal general en funciones Todd Blanche afirmó que las acusaciones y recompensas forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras criminales que operan dentro y fuera de Estados Unidos.
El director de la DEA, Terrance Cole, calificó a Valencia González como uno de los fugitivos prioritarios de la agencia y aseguró que la operación refleja la coordinación de múltiples instituciones estadounidenses.
Las investigaciones forman parte de una fuerza de tarea que reúne a agencias como la DEA, FBI, ICE, IRS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras.
Las autoridades indicaron que las recompensas serán entregadas por información que conduzca a arrestos o condenas, no únicamente por datos sobre la ubicación de los fugitivos.
