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Santo Domingo.– El Ministerio Público desplegó este viernes una nueva y amplia fase de la investigación por presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con 37 allanamientos simultáneos y 28 personas arrestadas, entre ellas médicos, exempleados de la aseguradora estatal y otros prestadores de servicios.
La denominada Operación Cobra 2.0-A se ejecutó en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como continuación de las pesquisas iniciadas con la Operación Cobra. En el despliegue participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales, con participación del DNI en las investigaciones.
Durante los allanamientos fueron ocupados, según el Ministerio Público, dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes. La nueva fase amplía el expediente hacia profesionales y prestadores del sector salud que, de acuerdo con la acusación, habrían participado en maniobras para sustraer recursos públicos.
Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación
Uno de los elementos centrales de esta etapa es la investigación de 4,363 autorizaciones médicas que, según el expediente judicial, habrían sido emitidas de manera irregular entre enero de 2021 y febrero de 2025, por un monto superior a RD$41 millones.
El Ministerio Público sostiene que los datos de afiliados habrían sido utilizados para generar autorizaciones y cobrar por consultas y procedimientos que esas personas nunca solicitaron ni recibieron.
La investigación señala además que algunos de los médicos bajo pesquisa habrían recibido los pagos efectuados por SeNaSa y posteriormente entregado entre 40 % y 60 % de esos recursos a integrantes de la estructura investigada.
Entre las evidencias mencionadas figuran testimonios de afiliados que aseguran no haber recibido los servicios registrados a sus nombres, además de documentos cuya autenticidad es cuestionada por los investigadores.
Un expediente que alcanza al sector salud
La nueva operación marca una ampliación significativa de la investigación original, que inicialmente se concentró en funcionarios y personas vinculadas a la administración de SeNaSa.
Ahora, el Ministerio Público dirige parte de sus pesquisas hacia quienes presuntamente habrían intervenido desde el lado de los prestadores de servicios médicos, mediante facturaciones irregulares, documentos falsos y otros mecanismos investigados.
Las autoridades sostienen que este tipo de maniobras no solo habría provocado pérdidas económicas al Estado, sino que también habría comprometido recursos destinados a garantizar servicios de salud a los afiliados de la aseguradora pública.
No obstante, las personas arrestadas mantienen su presunción de inocencia y la responsabilidad penal individual deberá ser determinada por los tribunales.
Abinader pide llegar hasta los responsables
Al referirse al caso, el presidente Luis Abinader sostuvo que la investigación debe alcanzar a todas las personas que tengan responsabilidad, sin importar sus vínculos.
El mandatario afirmó que todo aquel que haya cometido un acto ilegal debe responder ante la justicia y reiteró su posición de que las investigaciones sobre el manejo irregular de recursos públicos deben continuar hasta determinar responsabilidades.
Cobra continúa ampliándose
La primera fase de la Operación Cobra llevó ante los tribunales al exdirector de SeNaSa Santiago Hazim y a otros exfuncionarios y particulares. El Ministerio Público atribuye al expediente original delitos como soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.
Con Cobra 2.0-A, la investigación entra en una nueva etapa y busca establecer cómo se habrían utilizado los mecanismos internos de la aseguradora para tramitar pagos por servicios que, según la acusación, nunca fueron prestados.
El caso queda ahora en manos de la justicia, que deberá determinar las responsabilidades individuales de los 28 arrestados y el alcance de las operaciones investigadas.
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