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SANTO DOMINGO.- Un grupo de imputados en el caso SeNaSa 2.0-A fue trasladado este sábado, bajo estrictas medidas de seguridad, desde la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fueron requeridos para fines de interrogatorio.
Los detenidos fueron sacados de la cárcel preventiva por una escalera ubicada en la parte posterior del Palacio de Justicia y conducidos hasta un minibús de la Procuraduría utilizado para su traslado.
El operativo estuvo bajo la vigilancia de agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR), quienes utilizaron la parte trasera del edificio para evitar las áreas de mayor circulación del Palacio de Justicia.
Antes de ser trasladados a la Procuraduría, varios de los imputados recibieron la visita de sus abogados, con quienes coordinaron aspectos relacionados con su defensa técnica.
La audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción está prevista para este domingo en horas de la mañana, ante el Juzgado de Atención Permanente. En esa audiencia, el Ministerio Público presentará los elementos que, según sostiene, vinculan a los arrestados con las presuntas maniobras fraudulentas investigadas.
28 personas arrestadas
Un total de 28 personas, entre ex empleados del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), médicos y otros vinculados a la investigación, fueron arrestadas durante los operativos realizados este viernes por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Los allanamientos fueron ejecutados en La Vega, Cotuí, Santiago, la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, como parte de la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
De acuerdo con el Ministerio Público, los investigados estarían vinculados a maniobras destinadas a defraudar fondos públicos administrados por la aseguradora estatal.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por SeNaSa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con presuntas irregularidades en la autorización de procedimientos médicos y consultas de sus afiliados.
Según la documentación presentada por el Ministerio Público ante la jueza que autorizó los allanamientos, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se habrían utilizado varios números telefónicos para realizar llamadas al centro de atención de SeNaSa y gestionar autorizaciones de cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos ambulatorios que posteriormente no eran reconocidos por los afiliados.
De acuerdo con la denuncia, estas operaciones habrían provocado un perjuicio estimado en RD$40 millones.
Personas vinculadas a la investigación
Entre las personas cuyos nombres aparecen en la documentación relacionada con los allanamientos figuran Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Juan Henry Poueriet, Einstein Rafael Borromé Vásquez, Wellington Arístides Ledesma Cáceres, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo y Eulalia Fiordaliza Castro López.
También aparecen Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Diclo Garabito, Luis Manuel Tejada Moreno, Rafael Mauricio Cabral González, María Isabel Batista Germán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez y Luz Esther Reyes Durán de Ramírez.
La lista incluye además a Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García, así como otras personas relacionadas con la familia Guzmán Vásquez.
Los nombres mencionados forman parte de la investigación y corresponderá al tribunal determinar las medidas de coerción y las responsabilidades que pudieran der
