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Santo Domingo.– La posibilidad de que algunos de los imputados en el caso SeNaSa 2.0-A puedan llegar a acuerdos con el Ministerio Público y obtener una variación de la medida de coerción genera preocupación sobre el mensaje que este tipo de decisiones podría enviar frente a los casos de presunta corrupción que afectan recursos públicos.
El Ministerio Público ha informado que 10 de los imputados han admitido los hechos que se les atribuyen y que algunos han mostrado disposición a negociar. Al mismo tiempo, la Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo.
Desde la perspectiva editorial de Portada Nacional, cualquier acuerdo debe garantizar que la persecución de los recursos presuntamente sustraídos del Estado y las responsabilidades penales no queden reducidas a una negociación que pueda ser interpretada por la ciudadanía como un beneficio para quienes son señalados de participar en el esquema.
La pregunta que queda sobre la mesa es: ¿qué mensaje recibe la sociedad si una persona es acusada de participar en la sustracción de fondos públicos, permanece detenida durante la investigación, admite los hechos y posteriormente obtiene beneficios mediante un acuerdo? Para este medio, el sistema debe procurar que recuperar dinero no sustituya la responsabilidad que corresponda determinar a los tribunales.
También resulta legítimo exigir claridad sobre el tratamiento dado a otros investigados en las distintas fases del caso SeNaSa, incluyendo al exdirector Santiago Hazim, quien permanece vinculado al proceso principal. El Ministerio Público ha defendido anteriormente ante los tribunales la prisión preventiva contra Hazim y otros imputados.
Portada Nacional considera que la lucha contra la corrupción debe dejar un precedente claro: los recursos del Estado pertenecen a todos los dominicanos y cualquier responsabilidad penal debe determinarse con pruebas, debido proceso y decisiones judiciales firmes. Los acuerdos previstos por la ley pueden existir, pero su aplicación debe ser transparente y explicar claramente qué recibe el Estado y qué responsabilidad asume cada imputado.
Portada Nacional no compite, nosotros informamos.
