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Santo Domingo.— El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, lanzó una advertencia a los médicos dominicanos tras las investigaciones del caso SeNaSa 2.0-A: no deben prestar sus códigos profesionales para que otras personas realicen gestiones o facturaciones, debido a que esta práctica podría terminar involucrándolos en una investigación y eventualmente en un proceso penal.
“Prestar los códigos puede arrastrarlos a un proceso penal”, advirtió Camacho al referirse a una de las situaciones que, según el Ministerio Público, aparece dentro de las pesquisas sobre presuntas irregularidades cometidas contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El llamado se produce después de los allanamientos y arrestos realizados en la segunda fase de las investigaciones, denominada SeNaSa 2.0-A o Cobra 2.0-A, en la que fueron detenidos numerosos profesionales de la medicina. El Ministerio Público sostiene que se habrían utilizado datos de afiliados para sustentar reclamaciones por servicios médicos que, según los testimonios recopilados, algunos beneficiarios aseguran no haber recibido.
Una advertencia que apunta a los códigos profesionales
Camacho planteó que los médicos deben entender el riesgo que supone permitir que terceros utilicen sus códigos o credenciales profesionales. Según la investigación, estas herramientas habrían sido utilizadas para tramitar autorizaciones y posteriormente respaldar procesos de facturación ante SeNaSa.
El expediente citado por las autoridades recoge testimonios de afiliados que aseguran no haber recibido determinados procedimientos registrados a sus nombres. También se han remitido documentos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizar experticias sobre las firmas utilizadas en reclamaciones médicas, según la investigación.
La advertencia adquiere especial relevancia porque, de acuerdo con el Ministerio Público, los códigos profesionales pueden dejar una trazabilidad que vincule al médico con una autorización, reclamación o facturación, aunque la defensa de cada imputado deberá establecer ante los tribunales las circunstancias particulares de cada caso.
“La investigación no se cierra”
Camacho también dejó claro que la decisión del tribunal sobre las medidas de coerción no representa el final de las investigaciones relacionadas con SeNaSa.
El funcionario sostuvo que el Ministerio Público continuará profundizando las pesquisas y que todavía existen líneas de investigación abiertas. La primera etapa de la denominada Operación Cobra y la posterior fase SeNaSa 2.0 forman parte de un expediente de gran alcance que las autoridades han venido ampliando con nuevos allanamientos y personas investigadas.
La investigación SeNaSa 2.0-A está relacionada, según el Ministerio Público, con presuntas maniobras para obtener pagos del seguro estatal mediante reclamaciones y documentación que las autoridades consideran irregulares. Entre las conductas investigadas figuran presuntos delitos de asociación de malhechores, falsificación y uso de documentos falsos, delitos de alta tecnología y lavado de activos, entre otros.
Ocho imputados enviados a prisión
En la audiencia de medidas de coerción, el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso 18 meses de prisión preventiva a ocho imputados y declaró el proceso de tramitación compleja, mientras que otros procesados recibieron arresto domiciliario, garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida, de acuerdo con la información publicada sobre la decisión judicial.
Entre los enviados a prisión figuran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes deberán cumplir la medida en Las Parras. También fueron enviados a prisión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, en Najayo Mujeres.
Las medidas de coerción son decisiones cautelares y no constituyen una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de cada imputado deberá determinarse durante el proceso judicial correspondiente.
El mensaje a los médicos
El llamado de Camacho coloca nuevamente sobre la mesa el papel de los profesionales de la salud en los sistemas de autorización y facturación de las aseguradoras. Para el Ministerio Público, el uso de credenciales profesionales por terceros puede convertirse en un elemento de riesgo cuando esas credenciales terminan asociadas a servicios que son objeto de investigación.
Mientras las autoridades aseguran que continuarán buscando nuevos elementos y posibles responsables, el caso mantiene abiertas varias líneas de investigación. Para los médicos, la advertencia es directa: proteger sus códigos profesionales también significa proteger su identidad, su ejercicio profesional y evitar que sus credenciales aparezcan vinculadas a operaciones que desconocen.
Richard Cabrera
Portada Nacional
