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CIUDAD DE PANAMÁ.- Un juez de garantías de Panamá ordenó la detención provisional de tres ciudadanos dominicanos, dos hombres y una mujer, imputados por la presunta comisión de delitos contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas y asociación ilícita, relacionados con el reclutamiento de panameños para trabajos forzados con fines militares en Rusia.
La medida fue impuesta por el juez Luis Ceballos luego de legalizar las aprehensiones y admitir la formulación de cargos presentada por el Ministerio Público. El tribunal consideró la privación de libertad como necesaria, idónea y proporcional mientras avanza la investigación.
Los tres imputados fueron aprehendidos el 24 de septiembre durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en el corregimiento de 24 de Diciembre, en Panamá Este, como parte de la denominada Operación Rescate Soberano. Según la Procuraduría General de la Nación, la investigación busca establecer la presunta captación y reclutamiento de ciudadanos panameños para fines militares en la Federación Rusa.
Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que los investigados estarían vinculados con transferencias superiores a US$800,000, presuntamente utilizadas para facilitar el reclutamiento, los traslados y otros gastos relacionados con los viajes. También fueron objeto de investigación movimientos financieros y operaciones bancarias.
La hipótesis fiscal señala que la captación se habría realizado mediante ofertas de empleo difundidas en redes sociales. Según lo expuesto durante el proceso, a los interesados se les ofrecía asistencia para gestionar pasaportes y boletos aéreos, así como el traslado hacia la capital panameña antes de su salida hacia Rusia.
El Ministerio Público indicó que el expediente se relaciona inicialmente con dos ciudadanos panameños que habrían sido captados a través de redes sociales y que posteriormente denunciaron circunstancias que levantaron sospechas sobre una posible explotación.
En otro caso investigado, un ciudadano panameño que sí viajó a Rusia habría denunciado que no recibió los US$2,000 que le fueron prometidos, por lo que solicitó asistencia para regresar a Panamá. Estos testimonios forman parte de los elementos utilizados para reconstruir el mecanismo de captación.
La investigación también incluyó inspecciones en entidades bancarias y la incautación de documentos, tarjetas y equipos tecnológicos durante los allanamientos, elementos que serán analizados para determinar el funcionamiento de la presunta estructura y la participación individual de los imputados.
La defensa cuestionó la detención provisional y anunció un recurso de apelación. La audiencia para revisar la medida fue programada para el 15 de octubre de 2026 ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
La Procuraduría General de la Nación informó que la investigación se mantiene abierta y que continuará reuniendo elementos para establecer las responsabilidades individuales correspondientes, respetando los derechos de las personas investigadas.
