Proyecto para haitianos en RD incluye propiedades, empleos y estudios
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Santo Domingo.— Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados propone establecer nuevas condiciones para que ciudadanos haitianos y otros extranjeros puedan comprar propiedades, acceder a determinados empleos, alquilar viviendas, estudiar, realizar actividades económicas y permanecer en zonas fronterizas de República Dominicana, como parte de un conjunto de medidas vinculadas al llamado Pacto de Nación sobre la crisis de Haití. La iniciativa permanece en condición de depositada en el Congreso y todavía debe agotar el proceso legislativo correspondiente.
La pieza, denominada “Proyecto de ley sobre el Pacto de Nación de políticas públicas con relación a la crisis de Haití”, fue impulsada por los diputados Elías Wessin Chávez y Eugenio Cedeño Areché, junto a otros legisladores. Una versión anterior de la iniciativa había sido conocida por el pleno y remitida a la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
Restricciones para comprar propiedades
Entre las disposiciones planteadas figura que, mientras persista la situación de inestabilidad y violencia en Haití, los ciudadanos haitianos, incluso quienes hayan adquirido otra nacionalidad, necesitarían autorización previa del Poder Ejecutivo para adquirir inmuebles urbanos o rurales en territorio dominicano.
La solicitud sería sometida previamente a organismos de inteligencia y seguridad, mientras que el Poder Ejecutivo tendría que presentar cada año al Congreso un informe sobre las autorizaciones concedidas.
En las provincias fronterizas, la propuesta establece una medida todavía más restrictiva: ningún extranjero podría adquirir, tener dominio o posesión de inmuebles o mejoras hasta que se determine el estatuto especial contemplado en la Constitución.
El proyecto también plantea mecanismos para la explotación de terrenos estatales fronterizos mediante fideicomisos, alianzas público-privadas o cooperativas con participación mayoritaria dominicana o estatal.
Proponen medidas sobre propiedades en la frontera
La iniciativa contempla además declarar de alto interés público la eventual expropiación de propiedades adquiridas en la frontera por ciudadanos haitianos, incluidos aquellos que posteriormente hayan obtenido otra nacionalidad.
De acuerdo con el texto planteado, cualquier proceso de expropiación tendría que realizarse siguiendo los procedimientos de compensación establecidos por la Constitución y las leyes dominicanas.
Empleos que quedarían reservados
Otro de los puntos centrales está relacionado con el mercado laboral. La propuesta establece actividades que quedarían reservadas para dominicanos o extranjeros con residencia legal.
Entre ellas aparecen labores de celadores, serenos y guardianes, seguridad privada, transporte de pasajeros y mercancías, motociclistas, guías turísticos y culturales, jardinería urbana y estaciones de combustibles.
También se limitaría el acceso de extranjeros sin residencia legal a puestos en el Gobierno central y los ayuntamientos, salvo las excepciones que establezca el reglamento.
El Consejo Nacional de Migración tendría facultad para ampliar la lista de actividades restringidas por razones de seguridad nacional, seguridad ciudadana o interés público.
Nuevas obligaciones para propietarios y hoteles
Los propietarios que alquilen viviendas a extranjeros tendrían que solicitar documentos de identidad, verificar el estatus migratorio del inquilino e incorporar esos datos al contrato.
La propuesta contempla multas equivalentes a entre tres y cinco veces el valor del alquiler, además de penas de prisión de tres meses a un año en determinados casos de incumplimiento.
Para extranjeros con residencia regular que alojen a personas en situación migratoria irregular, el proyecto contempla incluso la pérdida de la condición migratoria y la deportación.
Los hoteles y establecimientos turísticos también tendrían que reportar electrónicamente a los extranjeros hospedados. El incumplimiento sería sancionado con multas por cada huésped no registrado.
Vigilancia para el transporte fronterizo
Las empresas de transporte terrestre que operen desde provincias fronterizas tendrían que implementar sistemas de vigilancia electrónica, identificación biométrica y localización de vehículos.
La información estaría disponible para la Dirección General de Migración y los organismos de seguridad.
Las empresas que incumplan podrían enfrentar multas, suspensión de licencias y, en casos de reincidencia, retiro de la licencia y decomiso de vehículos, según lo planteado en la propuesta.
Restricciones para la venta de alimentos y bebidas
El proyecto también establece que únicamente los dominicanos y extranjeros con residencia legal podrían dedicarse a la venta de alimentos, comidas procesadas y bebidas en establecimientos y espacios públicos.
Para desarrollar esas actividades tendrían que obtener permisos del Ministerio de Salud Pública y de las alcaldías, con renovación anual.
El incumplimiento podría generar multas, incautación de equipos o vehículos y cierre temporal del negocio.
Medidas para trabajadores agrícolas temporeros
La propuesta incluye disposiciones específicas para trabajadores extranjeros temporeros contratados legalmente en actividades agrícolas o pecuarias.
Estos trabajadores solo podrían portar herramientas como machetes y cuchillos durante la jornada laboral, y tendrían que entregarlas al propietario, administrador o capataz una vez terminado el trabajo.
Haitianos que estudien en RD tendrían que regresar
Uno de los puntos que podría generar mayor debate está relacionado con los ciudadanos haitianos que cursen carreras universitarias o técnicas en República Dominicana.
El proyecto plantea que quienes estudien mediante becas o recursos propios tendrían que asumir el compromiso de regresar a Haití para ejercer su profesión durante un período de cuatro a siete años, dependiendo de la carrera.
Esta disposición ya había sido objeto de atención pública durante el análisis de versiones anteriores de la iniciativa.
También limita asentamientos y viviendas
La propuesta plantea prohibir la construcción de urbanizaciones o asentamientos rurales o urbanos destinados a viviendas de nacionales haitianos.
La excepción serían instalaciones destinadas a trabajadores temporeros rurales, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Interior y Policía y la supervisión de otras instituciones.
En el sector construcción, los obreros extranjeros tampoco podrían permanecer durante la noche en las obras, salvo quienes tengan funciones vinculadas con la seguridad de las instalaciones, equipos o maquinarias.
Buscan reforzar el control de extranjeros
El proyecto propone fortalecer el Libro de Extranjería mediante un sistema informatizado que permita compartir diariamente información entre la Junta Central Electoral, el Ministerio de Interior y Policía, Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud.
En conjunto, la iniciativa busca convertir en disposiciones legales un amplio paquete de medidas relacionadas con migración, seguridad, empleo, propiedad, educación y actividades económicas frente a la crisis haitiana.
Sin embargo, las disposiciones descritas corresponden a un proyecto de ley y no constituyen actualmente normas vigentes. La iniciativa figura en la Cámara de Diputados como depositada y deberá continuar el procedimiento legislativo antes de que pueda convertirse, eventualmente, en ley.