Ricardo Rojas León destaca avances del nuevo Código Penal contra la corrupción

SANTO DOMINGO.- El jurista Ricardo Rojas León valoró la ampliación de los delitos destinados a proteger el patrimonio público en el nuevo Código Penal dominicano, aunque advirtió que su aplicación plantea cuestiones interpretativas que deberán esclarecerse, especialmente en lo relativo a la relación entre las distintas figuras de corrupción y las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Durante su participación en el panel I, “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, el jurista sostuvo que la nueva normativa coloca al país en mejores condiciones para enfrentar las conductas que afectan los recursos del Estado.

“Este catálogo de delitos que buscan preservar (…) la buena gestión pública, la buena gestión de los recursos económicos del Estado, es un paso importante, un paso de avance importante”, expresó.

Rojas León explicó que la reforma mantiene figuras tradicionales e incorpora nuevos delitos para responder a las distintas modalidades de defraudación de los bienes públicos. A su juicio, esta ampliación fortalece las herramientas legales para proteger la administración pública y combatir prácticas contrarias a la transparencia.

La corrupción afecta directamente a los ciudadanos

El jurista señaló que las consecuencias de la corrupción van más allá de las pérdidas económicas del Estado, pues afectan directamente a la ciudadanía, sobre todo cuando se desvían recursos destinados a servicios esenciales como la salud y la educación.

“Cuando hablamos de corrupción a nivel global, se tiene la idea de que cuando se comete un acto de corrupción, el sujeto pasivo es el ciudadano”, manifestó.

Asimismo, indicó que en los actos de corrupción pueden participar tanto funcionarios públicos como particulares, incluidos comerciantes y empresarios. Por ello, consideró necesario analizar estas conductas tomando en cuenta también a quienes intervienen desde fuera de la administración pública.

Entre las figuras contempladas en la normativa, destacó el tráfico de influencias, que describió como una práctica arraigada en la República Dominicana.

Explicó que utilizar la condición de funcionario para procurar beneficios a favor de terceros compromete la transparencia y la honestidad de la gestión pública, incluso cuando las ventajas obtenidas no tienen carácter material.

Advierte sobre dudas en la interpretación del artículo 284

Rojas León también llamó la atención sobre el alcance de la transversalidad de la corrupción contemplada en el artículo 284 del nuevo Código Penal.

Según planteó, será necesario debatir cómo se relaciona esa disposición general con los delitos especiales y determinar si la imputación de alguna de esas infracciones debe acompañarse también de la figura general de corrupción.

“En algún momento habrá que discutir qué quiso decir el legislador con lo de transversal”, señaló.

El jurista también sostuvo que, conforme a su interpretación de la normativa, no todos los delitos de corrupción contemplan la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Consideró que esta diferencia debe examinarse al analizar de manera integral las sanciones previstas en el nuevo marco penal.

Además, subrayó la importancia de que los funcionarios conozcan el alcance de las nuevas disposiciones, debido a que algunas figuras delictivas incluyen diversas conductas que pueden configurar una infracción y requieren una interpretación cuidadosa para su aplicación.

Reforma penal fue objeto de debates desde 2011

Durante su exposición, Rojas León recordó su participación, junto con otros profesores de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en las discusiones relacionadas con la reforma penal desde alrededor de 2011.

Su intervención formó parte del I Seminario Nacional de ADOCCO, organizado para analizar las implicaciones del nuevo Código Penal en la transparencia, la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción.

El encuentro reunió reflexiones sobre el alcance de las nuevas disposiciones y los desafíos que plantea su aplicación para la protección del patrimonio público y el fortalecimiento de la integridad en la administración estatal.