Rafael Barón Duluc alerta sobre riesgo de persecución política con el nuevo Código Penal

El senador defendió la independencia del Ministerio Público y propuso fortalecer la fiscalización del Congreso para prevenir la corrupción y exigir rendición de cuentas a los funcionarios.

SANTO DOMINGO.– El senador Rafael Barón Duluc advirtió que la aplicación del nuevo Código Penal dominicano debe estar acompañada de garantías de independencia del Ministerio Público, para evitar que las herramientas de la legislación puedan utilizarse con fines de persecución política contra personas consideradas adversarias.

Durante su participación en el panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, celebrado el 30 de septiembre en el marco del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), en el Hotel Catalonia Santo Domingo, el legislador valoró la reforma, aunque sostuvo que uno de sus principales desafíos será la forma en que se aplique.

Duluc reconoció los esfuerzos del actual Gobierno para fortalecer la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, alertó sobre la posibilidad de que una futura administración revierta esa orientación y utilice las herramientas de la nueva legislación para perjudicar a sus adversarios políticos.

“El nuevo Código sería un mecanismo muy fácil de destruir personas, de destruir enemigos, de hacer daño político”, advirtió.

El senador consideró que la efectividad de la reforma dependerá de la existencia de órganos de persecución independientes y del desarrollo de criterios jurídicos claros que orienten la interpretación y aplicación de sus disposiciones.

Propone fortalecer la fiscalización desde el Congreso

Como parte de sus planteamientos, Duluc propuso impulsar un plan piloto para que el Congreso Nacional ejerza de manera efectiva sus atribuciones de fiscalización y control, con el objetivo de prevenir irregularidades y reducir las oportunidades de corrupción en la administración pública.

Explicó que promovería una mesa de trabajo para la cual había solicitado la participación de ADOCCO y conversado con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), además de contemplar la incorporación de juristas.

La iniciativa buscaría traducir las disposiciones legales en mecanismos prácticos de supervisión, mediante los cuales se pueda exigir a los funcionarios la presentación de informes y el cumplimiento de sus obligaciones de rendición de cuentas.

El legislador cuestionó que el Congreso haya concentrado históricamente gran parte de su actividad en las funciones de representación y legislación, mientras que, a su juicio, la fiscalización y el control no han recibido el desarrollo necesario.

En ese sentido, sostuvo que la lucha contra la corrupción no debe limitarse a perseguir los hechos una vez ocurridos, sino que también debe enfocarse en prevenirlos.

Duluc consideró que una supervisión legislativa efectiva contribuiría a reducir las oportunidades de irregularidades y fortalecer los mecanismos de control de la gestión pública.

“El Código Penal hay que construirlo”

El senador afirmó que la aprobación del nuevo Código Penal representa una etapa dentro de un proceso más amplio, que requiere interpretación judicial, aportes doctrinales, formación y posibles ajustes legislativos.

“Nosotros tenemos el texto de un nuevo código, porque el Código Penal hay que construirlo”, expresó al destacar la importancia de los espacios de discusión promovidos por organizaciones como ADOCCO.

Asimismo, defendió la posibilidad de introducir modificaciones a la legislación y señaló que corregir disposiciones o someterlas al control constitucional forma parte del funcionamiento normal de las instituciones democráticas.

En ese contexto, informó que había depositado una propuesta de modificación el día anterior a su participación en el seminario, aunque no precisó durante su intervención el contenido de la iniciativa.

Pide criterios claros para aplicar los delitos de corrupción

Duluc también señaló que figuras como el tráfico de influencias y la transversalidad de la corrupción requerirán criterios jurídicos claros para delimitar su alcance y aplicación.

Al referirse al tráfico de influencias, planteó la necesidad de establecer cuándo las relaciones entre funcionarios y particulares pueden constituir una conducta sancionable, de modo que la aplicación de la ley cuente con parámetros definidos.

Al concluir su intervención, felicitó a ADOCCO y a su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, por impulsar el debate nacional sobre la nueva legislación penal.

El legislador llamó a acompañar la aplicación del Código Penal con independencia institucional, mecanismos de prevención de la corrupción y una rendición de cuentas efectiva, como elementos fundamentales para fortalecer la transparencia en la gestión pública.