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Santo Domingo, RD.— Joan Manuel Jiménez Medina, señalado por el Ministerio Público de recibir el dinero de una presunta estafa con la venta de un celular que terminó con la muerte de Emmanuel Contreras Medina, de 23 años, se entregó este lunes a las autoridades.
Jiménez Medina fue entregado en la dotación policial de Neiba por el presidente provincial del Colegio de Abogados, Manuel Alexander Sena del Valle, en medio de las investigaciones por el hecho ocurrido en el sector Los Praditos, del Distrito Nacional.
Una venta de iPhone bajo investigación
De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, Jiménez Medina habría recibido los RD$15,000 que Contreras Medina transfirió para comprar un iPhone 15 Pro Max anunciado en Facebook Marketplace. La investigación sostiene que la operación habría involucrado también a Lenin Jhericop Núñez de León, quien supuestamente publicó el dispositivo por RD$35,000.
Según la acusación, Jiménez Medina habría ofrecido el teléfono a la víctima por un precio menor y, después de recibir la transferencia, coordinó un encuentro entre ambos en el estadio de béisbol La Javilla, en Los Praditos.
El expediente indica que Emmanuel acudió al lugar creyendo que la compra estaba pagada, mientras Núñez de León esperaba recibir el dinero de la transacción.
La negociación terminó en una agresión mortal
Según la investigación, cuando Contreras Medina intentó retirarse con el celular, Núñez de León lo habría perseguido y golpeado en varias ocasiones con un bate, provocándole lesiones de gravedad.
La víctima permaneció hospitalizada en estado crítico durante más de dos meses y falleció en septiembre de 2026.
Por estos hechos, Núñez de León enfrenta una imputación por homicidio voluntario y cumple tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, según los datos suministrados sobre el proceso.
Investigan la participación de otras personas
La entrega de Jiménez Medina representa un nuevo paso en las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales en la negociación que precedió a la agresión mortal.
Las autoridades deberán determinar el alcance de su presunta participación en los hechos y establecer si otras personas intervinieron en la operación. Las imputaciones deberán ser esclarecidas durante el proceso judicial.
