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San Juan, Puerto Rico.— Una ciudadana dominicana y un ciudadano estadounidense fueron arrestados en San Juan, Puerto Rico, por su presunta participación en un esquema de fraude matrimonial para obtener beneficios migratorios, informó la agencia federal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). Ambos enfrentan cargos federales por presunto fraude matrimonial y conspiración, por lo que deberán responder ante la justicia estadounidense.
Identifican a los acusados
Las autoridades identificaron a los detenidos como Modestina Villanueva Javier, de nacionalidad dominicana, y Erick Martínez Aulet, ciudadano estadounidense.
De acuerdo con la información difundida por HSI y recogida por medios de Puerto Rico y República Dominicana, los arrestos se produjeron durante la semana previa al anuncio oficial.
Hasta el momento, la información disponible no precisa cuándo se habría celebrado el matrimonio investigado ni cuáles beneficios migratorios específicos habrían intentado obtener los acusados.
¿Qué castigo contempla la ley estadounidense?
La legislación federal de Estados Unidos establece sanciones para quienes contraen matrimonio con el propósito de evadir las leyes de inmigración.
El título 8, sección 1325(c), del Código de Estados Unidos contempla una pena de hasta cinco años de prisión por fraude matrimonial. Según reportes de medios dominicanos, las sanciones también pueden incluir multas de hasta 250,000 dólares, dependiendo de los cargos y las disposiciones legales aplicables.
El matrimonio con un ciudadano estadounidense puede servir de fundamento para solicitar determinados beneficios migratorios, pero no concede automáticamente la residencia permanente ni la ciudadanía. Las solicitudes están sujetas a la evaluación de las autoridades competentes.
HSI advierte sobre las consecuencias del fraude
En un mensaje publicado en sus redes sociales, HSI advirtió sobre las consecuencias legales de utilizar un matrimonio ficticio para eludir los requisitos migratorios estadounidenses.
La agencia indicó que continuará investigando presuntos mecanismos utilizados para obtener beneficios migratorios de manera fraudulenta.
No obstante, las acusaciones contra Villanueva Javier y Martínez Aulet deberán ser probadas ante los tribunales. La presentación de cargos no equivale a una condena, y ambos conservan la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.
