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Desde la redacción de Portada Nacional
Puerto Príncipe, Haití.— El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por un año el régimen de sanciones contra Haití, que incluye congelación de activos, prohibiciones de viaje y un embargo de armas, en un nuevo intento de frenar la violencia de las pandillas y contribuir al restablecimiento de la seguridad en el país caribeño. La resolución, promovida por Estados Unidos y Panamá, recibió 14 votos a favor y una abstención de Rusia, mientras las autoridades internacionales mantienen la preocupación por el flujo de armas y las redes que sostienen a los grupos armados.
ONU mantiene presión sobre las redes que alimentan la violencia
Las medidas fueron establecidas en octubre de 2022 para sancionar a personas y entidades que amenacen la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití. Un año después, el Consejo amplió el embargo de armas a todo el territorio haitiano, ante la persistencia de la violencia y la capacidad operativa de las pandillas.
Con la nueva resolución, el organismo busca reforzar la aplicación de las restricciones y dificultar el acceso de los grupos armados a recursos financieros, desplazamientos internacionales y armamento.
El Consejo también prorrogó por trece meses el mandato del Grupo de Expertos encargado de vigilar la aplicación de las sanciones y documentar posibles incumplimientos.
Estados Unidos y Panamá piden aplicar el embargo de armas
La representante adjunta de Estados Unidos, Jennifer Locetta, respaldó la renovación de las sanciones, el embargo y la continuidad del Grupo de Expertos. Sin embargo, recordó que el régimen contempla excepciones para las fuerzas de seguridad que operan bajo el mando del Gobierno haitiano.
Por su parte, el representante de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, destacó la importancia de aplicar efectivamente las restricciones al tráfico de armas.
El diplomático consideró que el embargo constituye una herramienta fundamental para reducir la violencia y cortar los suministros que contribuyen a mantener el conflicto. También lamentó que no se alcanzara un consenso para incorporar a la lista de sancionados a personas que, según señaló, contribuyen a la violencia.
Rusia cuestiona la efectividad de las sanciones
Rusia se abstuvo durante la votación y rechazó las acusaciones de que Moscú pretenda proteger a funcionarios corruptos. Además, calificó de ineficaz el actual régimen de sanciones.
La votación evidenció las diferencias entre los miembros del Consejo sobre el alcance y los resultados de las medidas internacionales, en un escenario en el que la violencia armada continúa representando un desafío para la estabilidad haitiana.
Fuerza antipandillas deberá reportar desvíos de armas
Entre las disposiciones contempladas en el borrador de la resolución, según el medio especializado Security Council Report, figura la obligación de que la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) informe al Grupo de Expertos sobre cualquier desvío de armas y municiones, incluidos los casos de pérdida o robo.
El texto también insta a los Estados miembros de la ONU a adoptar medidas urgentes para garantizar la aplicación plena del embargo de armas.
Estas disposiciones buscan fortalecer la supervisión internacional sobre el armamento que circula en Haití y reducir las posibilidades de que termine en manos de las organizaciones criminales.
La inseguridad sigue siendo un desafío para Haití
La renovación de las sanciones ocurre mientras las pandillas armadas mantienen su capacidad operativa y, de acuerdo con el último informe del Grupo de Expertos de la ONU citado en la información, se benefician de redes políticas, económicas y de seguridad.
El pasado 29 de septiembre, el Consejo de Seguridad también prorrogó por seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, el mandato de la GSF, creada para combatir a las pandillas y sucesora de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
La continuidad de ambas medidas refleja la persistencia de los esfuerzos internacionales para contener la violencia, aunque su impacto dependerá de la aplicación efectiva de las restricciones y de la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar a los grupos armados.
