Expertos advierten que nuevo Código Penal exige cambios en el sistema de justicia

Santo Domingo.– La aplicación del nuevo Código Penal dominicano requerirá un cambio de mentalidad entre los actores del sistema de justicia, capacitación continua, investigaciones sólidas y mayores recursos institucionales, coincidieron especialistas durante el Diálogo de la Justicia del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO).

El conversatorio contó con la participación de Ysis Muñiz Almonte, Francisco Rodríguez, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet y Daniel Julio Nolasco Olivo, quienes analizaron los desafíos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la calidad de las investigaciones, la imposición de las penas y los mecanismos alternativos para resolver conflictos.

La actividad, moderada por Freddy Ángel Castro, se celebró el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, como parte del seminario organizado por ADOCCO.

Ysis Muñiz: la reforma exige un cambio de mentalidad

La magistrada Ysis Muñiz Almonte sostuvo que la nueva legislación representa una transformación que va más allá de sustituir normas, pues requiere una nueva forma de comprender e implementar el derecho penal.

«Nosotros no estamos frente a un simple cambio normativo. Esto no es una transición meramente técnica», expresó.

Durante su intervención, abordó la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir del concepto de defecto de organización, relacionado con la ausencia de medidas adecuadas de dirección, control y supervisión para prevenir delitos cometidos en nombre o beneficio de una entidad.

También examinó los argumentos a favor y en contra de responsabilizar penalmente a una persona jurídica sin identificar a la persona física que ejecutó la conducta. Indicó que el tema involucra principios como la personalidad de las penas, la culpabilidad y el derecho de defensa, y señaló la relevancia que podría tener el Tribunal Constitucional en el análisis de estas disposiciones.

Francisco Rodríguez pide fortalecer al Ministerio Público

Francisco Rodríguez afirmó que los resultados de la reforma dependerán, en gran medida, de la capacidad de los órganos investigadores para presentar imputaciones respaldadas por pruebas que permitan desvirtuar la presunción de inocencia.

Señaló que los fiscales deben dominar la nueva normativa y contar con el apoyo de profesionales de distintas áreas, como contabilidad, economía y ciencias forenses, para investigar hechos de mayor complejidad.

«El aspecto de recursos» requiere atención especial, manifestó, al advertir que el Ministerio Público necesita los medios necesarios para responder a las expectativas de la sociedad.

Asimismo, destacó la importancia de mejorar la organización interna, establecer lineamientos claros y fortalecer la coordinación con las instituciones que suministran información para las investigaciones.

Rodríguez también defendió la formación continua de los fiscales y la entrega oportuna de los elementos necesarios para procesar los casos dentro de los plazos establecidos.

Rosanna Isabel Vásquez llama a mayor rigor en la imposición de penas

Rosanna Isabel Vásquez Febrillet destacó los desafíos que plantea la aplicación de las normas penales en el tiempo y la necesidad de determinar cuidadosamente qué disposición corresponde a cada caso, conforme a los principios jurídicos aplicables.

Advirtió que la coexistencia de situaciones sujetas a diferentes normas exige preparación constante de jueces, fiscales y abogados, a fin de reducir posibles errores en la aplicación de la legislación.

La magistrada también reflexionó sobre la determinación de las penas y consideró que esta etapa requiere un análisis específico y minucioso, especialmente ante las nuevas reglas de acumulación.

«Ahora tendremos que ser más acuciosos, minuciosos», expresó.

Además, valoró la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y exhortó a las organizaciones a establecer protocolos de supervisión, verificación y monitoreo. También resaltó la importancia del control de constitucionalidad en el examen de las nuevas disposiciones.

Daniel Julio Nolasco propone impulsar soluciones alternativas

Por su parte, Daniel Julio Nolasco Olivo abogó por un mayor uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para reducir la sobrecarga judicial y ofrecer respuestas más oportunas a la ciudadanía.

Cuestionó una cultura profesional centrada principalmente en el litigio y advirtió que la prolongación de los procesos puede contribuir a la congestión de los tribunales y afectar la confianza ciudadana en la justicia.

A su juicio, ampliar el uso de acuerdos y otras vías alternativas permitiría avanzar hacia un sistema con respuestas más ágiles.

Durante el conversatorio, el moderador Freddy Ángel Castro planteó preguntas sobre la extensión de los expedientes, los plazos procesales y el papel de los jueces frente a los acuerdos, promoviendo el debate sobre la calidad y oportunidad de las decisiones judiciales.

El encuentro puso de relieve que la implementación del nuevo Código Penal no dependerá únicamente de la entrada en vigor de sus disposiciones, sino también de la preparación técnica de los actores judiciales, el fortalecimiento de las instituciones y una aplicación rigurosa que respete las garantías de todas las partes.