ADOCCO: panelistas destacan retos del nuevo Código Penal en la lucha contra la corrupción

Juristas y legisladores plantearon la necesidad de fortalecer las investigaciones, garantizar la independencia del Ministerio Público y preservar el debido proceso durante la aplicación de la nueva legislación.

Los participantes del Panel I del I Seminario Nacional de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) valoraron las herramientas que incorpora el nuevo Código Penal para combatir la corrupción, pero advirtieron que su efectividad dependerá de la calidad de las investigaciones, la independencia de los órganos de persecución y el respeto a las garantías fundamentales.

Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Jiminian, el senador Rafael Barón Duluc y Emery Colomby Rodríguez expusieron sus planteamientos durante el panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, moderado por Rosalía Sosa Pérez.

El encuentro se celebró el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, organizado por ADOCCO, como parte de un espacio de análisis sobre los desafíos que presenta la nueva legislación penal para la transparencia y la rendición de cuentas.

Rojas León destaca protección del patrimonio público

El jurista Ricardo Rojas León consideró que el nuevo catálogo de delitos representa un avance para proteger los recursos del Estado y enfrentar distintas modalidades de defraudación del patrimonio público.

Explicó que la corrupción tiene consecuencias directas para la ciudadanía cuando compromete fondos destinados a servicios esenciales, como la salud y la educación. Asimismo, señaló que estos hechos pueden involucrar tanto a funcionarios como a particulares, por lo que la persecución penal debe considerar a todos los actores que intervienen, incluso fuera de la administración pública.

Rojas León también identificó aspectos que requerirán interpretación jurídica, entre ellos el alcance de la transversalidad de la corrupción y su relación con los delitos especiales.

Además, llamó la atención sobre las diferencias en las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos y planteó la necesidad de analizar su tratamiento dentro del conjunto de infracciones contempladas en la legislación.

Valerio propone seguimiento y actualización de la legislación penal

Miguel Valerio Jiminian definió el nuevo Código Penal como un instrumento de importancia tanto para la persecución de los delitos como para el ejercicio de la defensa, debido a que ofrece una definición más clara de las conductas sancionables.

Durante su intervención, explicó la relevancia de los delitos de infracción de deber, relacionados con las obligaciones especiales que asumen los funcionarios públicos por razón de sus cargos. Indicó que uno de los retos será determinar cuáles deberes establecidos en otras normas pueden servir de fundamento para atribuir responsabilidad penal.

También abordó la participación de particulares en delitos de corrupción y planteó interrogantes sobre la coexistencia de disposiciones penales contenidas en el Código y en la legislación de compras y contrataciones públicas.

Como propuesta institucional, Valerio sugirió crear una comisión congresual especializada en seguridad ciudadana y política criminal, separada de la Comisión de Justicia, que dé seguimiento a la normativa penal y promueva las actualizaciones que resulten necesarias.

Duluc advierte sobre el uso político de las herramientas penales

El senador Rafael Barón Duluc sostuvo que el principal desafío de la reforma será su aplicación y señaló que la efectividad de las nuevas disposiciones requiere un Ministerio Público independiente.

Aunque reconoció los esfuerzos del actual Gobierno para fortalecer esa independencia, advirtió sobre el riesgo de que futuras autoridades utilicen las herramientas penales para perjudicar a sus adversarios políticos.

“Nosotros tenemos el texto de un nuevo código, porque el Código Penal hay que construirlo”, expresó el legislador, al referirse al papel que desempeñarán la jurisprudencia, la doctrina y los ajustes legislativos en la aplicación de la normativa.

Duluc también planteó impulsar un plan piloto de fiscalización y control desde el Congreso. Según indicó, había solicitado la participación de ADOCCO y conversado con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) para desarrollar una mesa de trabajo dirigida a fortalecer la rendición de cuentas y prevenir la corrupción.

Rodríguez reclama investigaciones sólidas y respeto al debido proceso

Emery Colomby Rodríguez defendió la necesidad de investigar con firmeza los actos de corrupción, pero advirtió que ese objetivo no debe alcanzarse a costa de las garantías de las personas sometidas a investigación.

“No se puede perseguir la corrupción a cualquier precio”, afirmó.

Desde su experiencia en el ejercicio de la defensa, señaló deficiencias técnicas en algunas investigaciones y sostuvo que ampliar el catálogo de delitos no sustituye la capacidad investigativa que necesitan los organismos responsables de perseguir las infracciones.

Rodríguez reclamó mayor transparencia sobre las prioridades del Ministerio Público, los criterios para seleccionar los casos, los resultados de los procesos y la justificación de las medidas cautelares.

También alertó sobre las consecuencias de las filtraciones de información y los juicios paralelos, al considerar que la notoriedad pública de un caso no debe reducir las exigencias probatorias ni afectar la presunción de inocencia.

Entre sus propuestas, incluyó fortalecer la investigación financiera, corroborar las pruebas y profesionalizar la comunicación pública de los órganos de persecución para evitar que la difusión de información comprometa los derechos de las personas investigadas.

Aplicación del Código Penal, un desafío institucional

Las intervenciones del panel coincidieron en la importancia de acompañar las nuevas herramientas legales con capacidad técnica, controles institucionales y garantías procesales.

El debate situó la independencia del Ministerio Público, la calidad de las investigaciones, la interpretación de las disposiciones penales y la protección del debido proceso entre los principales desafíos para lograr una persecución efectiva de la corrupción.

Los panelistas también destacaron la necesidad de mantener mecanismos de revisión y seguimiento de la legislación, de modo que su aplicación contribuya a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del patrimonio público.